Ciudadanía y espacio público

Abstract

Se expone el concepto de espacio público en la dimensión jurídica y sociocultural, desde el punto de vista jurídico y cultural, en el contexto de la ciudad moderna. Se examinan las relaciones entre ciudadanía y espacio público, en el marco de la dialéctica entre la condición urbana y el status político, y se plantea el desafío que representa para la ciudad la conquista del estatuto de ciudadano.

La realidad urbana actual es apreciada en forma negativa. Hay un temor al espacio público, que ya no es protector ni protegido. La solución parece estar en buscarse un refugio. Hay un temor al espacio público. Si la agorafobia urbana es una enfermedad producida por la degradación o desaparición de los lugares públicos integradores, la terapéutica estaría en la instalación de lugares de intercambio y no de simples espacios de flujos. En la nueva ciudad las infraestructuras de comunicación no crean centralidades ni lugares fuertes, sino que segmentan el territorio y atomizan las relaciones sociales. Cabe discutir el carácter inevitable o no de esta tendencia.

El espacio público es un concepto jurídico, sometido a una regulación específica por parte de la administración pública. Pero también tiene una dimensión sociocultural, ya que es un lugar de relación, de identificación, de contacto entre la gente, de animación urbana y a veces de expresión comunitaria. El funcionalismo predominante en el urbanismo moderno descalificó el espacio público al asignarle usos específicos. Sin embargo, la consideración de los espacios públicos en los grandes proyectos urbanísticos es un factor clave, por ser un medio eficaz para facilitar la multifuncionalidad y garantizar la cualidad relacional de los proyectos urbanos, y por ser una posible respuesta al desafío de articular el barrio, la ciudad-aglomeración y la región metropolitana.

La ciudadanía plena no se adquiere por el hecho de habitar una ciudad, ni existe un documento legal que acredite tal condición. Entre la ciudad y el espacio público se establecen relaciones dialécticas, entre las cuales se pueden señalar las siguientes: los no ciudadanos y las zonas ilegales o alegales de la ciudad; el espacio público como espacio político; la violencia urbana; el espacio público como indispensable para la socialización de los pobres, de los niños y de los recién llegados a la ciudad.

Se concluye que el estatuto de ciudadano representa un triple desafío para la ciudad y el gobierno local. En primer término, un desafío político, relacionado con las políticas públicas que hagan posible el ejercicio y la protección de derechos y deberes ciudadanos. En segundo lugar, un desafío social, consistente en promover las políticas públicas que ataquen las discriminaciones que imposibilitan o reducen el ámbito de la ciudadanía, tales como empleo, vulnerabilidad, marginación cultural, entre otras. Y en tercer lugar, un desafío específicamente urbano, concerniente en hacer de la ciudad, con sus centralidades y su monumentalidad, su accesibilidad y su movilidad, sus barrios y sus espacios públicos, una productora de sentido a la vida cotidiana, es decir, de ciudadanía. C.S./M.T.