Experiencias y desafíos en la implementación de la reforma procesal penal en Chile: caso de la Defensoría Penal Pública

Abstract

La Reforma Procesal Penal ha sido caracterizada como el cambio más importante en la administración del aparato estatal chileno en los últimos cien años. Ella es una respuesta a la necesidad de crear un sistema de enjuiciamiento criminal transparente y efectivo, con sanciones justas y oportunas a los condenados y con garantías efectivas para los ciudadanos afectados por la persecución penal.

En este contexto, la Defensoría Penal Pública, creada por Ley N§ 19.718 de 10 de marzo de 2001, como organismo del Estado, tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado, asegurando de esta manera, el derecho a defensa por letrado y el debido proceso en el juicio penal.

La puesta en marcha de este nuevo sistema penal presenta desafíos importantes para nuestra institución, que busca más allá de asegurar una cobertura nacional del servicio de defensa penal, contar con servicios de calidad.

Lo anterior sólo es posible de cumplir mediante una adecuada planificación estratégica y operativa, una correcta estimación de la demanda y de los recursos humanos necesarios para responder adecuadamente a dicha demanda, capacitación de los profesionales, sistemas de evaluaciones de los defensores tanto de carácter internas como externas, estudios de opinión de los usuarios del servicio y sistemas de información e informáticos que aumentan la eficiencia y permiten tomar decisiones oportunas que apunten a un continuo mejoramiento de la gestión.

En más de tres años de implementación, gran parte de estos desafíos se han cumplido. Los aprendizajes de este período permiten enfrentar adecuadamente la última etapa de implementación de la reforma el año 2005 en la Región Metropolitana, la más grande del país, que concentrará cerca del 52% de los servicios de defensa penal.