Descentralización en América Latina : ¿cómo conciliar eficiencia con equidad?

Abstract

Se considera que la descentralización es un elemento fundamental del proceso de adecuación de la gestión pública tanto a los nuevos enfoques del desarrollo económico y social como a los procesos de democratización que caracterizan a la región en este fin de siglo. De ella se espera que contribuya de una manera decisiva tanto a la eficiencia global como a la democratización, expresada en una creciente participación ciudadana para encarar soluciones cooperativas.

Gracias a sus constituciones federales (los casos de Argentina, Brasil, México y Venezuela); a que se contaba con procesos previos de descentralización administrativa (los casos de Chile y Colombia); a que existía un valioso patrimonio cultural de autogobierno fuera del Estado (el caso de Bolivia), o, finalmente, a que la descentralización ha hecho parte de procesos de pacificación (el caso de varios países de Centroamérica), los países de la región, en su mayoría, han podido avanzar en forma relativamente rápida en materia de descentralización política. A pesar de la diversidad que caracteriza a la región, en general todos los procesos en marcha comparten los objetivos mencionados más arriba pero una somera revisión permite apreciar que la contribución de la descentralización tanto a la eficiencia como a la participación aún es muy limitada.

En este trabajo se sostiene que con frecuencia los escasos resultados observados se originan principalmente, no en la descentralización en sí misma, sino en los mecanismos de redistribución territorial que suelen acompañarla; más propiamente, en el hecho de que el financiamiento de las competencias transferidas no está constituido fundamentalmente por el esfuerzo local sino por las transferencias provenientes de los gobiernos centrales.

Para resolver el problema se propone separar claramente los sistemas redistributivos en dos, uno "territorial" y otro "social". El primero estaría dirigido a apoyar la iniciativa y el esfuerzo de las comunidades subnacionales para encarar su desarrollo económico local, en función inversa a la dotación de recursos físicos y naturales de cada una de ellas. El segundo tendría como objetivo asegurar a cada familia un acceso igualitario a una canasta de servicios "sociales" en función inversa a sus ingresos, independientemente de su localización.

Para lograr los objetivos buscados, la instauración de estos dos sistemas debería estar necesariamente acompañada, por un lado, de una profundización de la descentralización política, hasta lograr que los procedimientos democráticos actúen plenamente en la asignación de recursos para la generación de bienes públicos locales, y por otro, de una descentralización económica, que permita actuar a la competencia como el mecanismo de asignación en el caso de servicios y bienes que pueden ser generados bajo esta modalidad.

En ambos casos la condición fundamental sería desarrollar una institucionalidad que condicionara la asignación a la participación, política en el caso de las soluciones cooperativas, y económica en el de las competitivas. De esta manera, la descentralización no solamente conduciría a la participación sino que haría a ésta sinérgica con la eficiencia. I.F.