El desmantelamiento del presidencialismo mexicano

Abstract

Una breve revisión de las atribuciones que la Constitución de 1917 otorgaba al Presidente de la República demuestra que poseía un poder potencial como constructor de organizaciones y articulador de intereses sociales, particularmente apoyado en los artículos constitucionales de carácter social. El recuento de las atribuciones concedidas al Poder Legislativo en los años que siguieron a la Constitución del 17 demuestra que han ido en aumento al punto que se puede hablar de un fortalecimiento formal del Legislativo en detrimento del Ejecutivo. Sin embargo, tal incremento de funciones, si bien daba una apariencia de equilibrio de poderes, en la práctica encubría el poder presidencial.

La clave para entender el predominio del Ejecutivo era el diseño del sistema político: la existencia de un partido hegemónico; su vinculación de dependencia con el Ejecutivo; las reglas de la competencia electoral; los sectores del partido que servían de correas de transmisión entre el gobierno y la sociedad, así como el amplio aparato constructor en manos del Presidente de la república, que gracias al estado social era capaz de convertirse en el eje de la modernización del país. Su expansión ocurre en un contexto histórico proclive al corporativismo, a los amplios frentes populares, al estado benefactor que además crece y se beneficia de los efectos de la Segunda Guerra Mundial.

Es durante las décadas de los sesenta y setenta que el orden fundado en una Presidencia constructora y articuladora única de los consensos, empieza a dejar fuera de su sistema de negociaciones a nuevos sectores sociales nacidos de la modernización, principalmente urbanos que van a ir alimentando a la disidencia que como la de 1958 va a expresarse por encima de las instituciones.

A la vez, el amplio Estado va a empezar a encontrar sus límites funcionales en su incapacidad para distribuir bienes, lo que hará crisis en los setenta con la crisis fiscal del gobierno, la crítica al Estado benefactor, el desempleo creciente y la ruptura de 1982 que da inicio a un nuevo proyecto cuyo eje es el desmantelamiento del estado amplio.

Se inician entonces procesos de reforma electoral, de carácter consensual: en 1977 se da la reforma política que amplia la representación proporcional y fortalece el sistema de partidos políticos, que continua en un proceso de reformas electorales continuas (1986, 1989, 1993 y 1996) que modifican profundamente las instituciones electorales, al tiempo que se desmantelan funciones del Estado y empieza a virar la política económica de fuerte carácter clientelar a otro de tipo liberal.

A partir de la década de los 80, el desmantelamiento del estado amplio, el incentivo para crear nuevos partidos políticos, el debilitamiento de los mecanismo tradicionales de participación y control en manos del partido hegemónico, operaron un conjunto de cambios en la distribución del voto, en las atribuciones legales del presidente y en la integración de las instituciones gubernamentales, así como en las prácticas y relaciones con su partido, lo cual aunado a la presencia de gobiernos divididos y no unificados está llevando al Ejecutivo hacia una nueva distribución y mayor dispersión del poder que se refleja en la composición de un Poder legislativo sin mayorías y sin incentivos para la cooperación entre si y con el Ejecutivo.