The Chilean experience on regulating privatized infrastructure

Abstract

Se examinan los problemas relativos a la eficiencia gerencial en monopolios naturales, se reseñan los esquemas regulatorios más frecuentemente aplicados y se describen los mecanismos utilizados para la promoción de la competencia en el suministro de servicios públicos. Se comenta la experiencia chilena en materia de privatización de servicios públicos y se discuten las lecciones que arroja dicha experiencia.

Todo esquema regulador debe orientarse hacia dos grandes metas, a saber: 1) obligar a las empresas privadas a minimizar sus costos en el largo plazo, a través de la adopción de las tecnologías más eficientes; y 2) debe asegurar la transferencia de estas ganancias en eficiencia hacia los clientes. En este sentido, la privatización de los servicios públicos en Chile ha funcionado razonablemente bien, y las empresas privadas han invertido grandes sumas para expandir los servicios

Aún cuando en Chile la privatización de los servicios públicos tuvo como resultado una marcada mejora de la eficiencia, la transferencia hacia los usuarios no ocurrió como hubiera sido de desear. Asimismo, cabe reconocer que, pesar de que el marco regulatorio chileno para las empresas privatizadas es avanzado en comparación los de otros países, todavía deja márgenes para comportamientos oportunistas de parte del organismo regulador y de las empresas involucradas.

En consecuencia, cabe destacar dos lecciones que se desprenden de la experiencia chilena en esta materia. En primer lugar, que el establecimiento de condiciones apropiadas de competencia debe ser si no la única, al menos una meta prioritaria. En segundo término, que la velocidad que se asuma para el proceso privatizador debe tomar en consideración la velocidad con que se desarrollan los marcos regulatorios correspondientes. Cuando la privatización desemboca en una industria competitiva, no hace falta establecer otros mecanismos de regulación fuera de aquellos destinados a preservar las condiciones de competencia.

El proceso regulatorio se está tornando cada vez más un proceso de negociación, en el cual el poder relativo y la influencia de los grupos de interés tienen importancia creciente. El escenario regulatorio corre así el riesgo de permitir el gasto de recursos con el propósito de inclinar las resoluciones de los organismos reguladores en uno u otro sentido. Igualmente, las disputas entre regulados y reguladores son fuente de importantes costos.

En estas circunstancias, se aprecian dos aspectos negativos en la experiencia chilena de privatización de los servicios públicos. Por una parte, la existencia de un desequilibrio de capacidades técnicas entre las empresas reguladas y las instancias reguladoras, y por otra parte, la excesiva proximidad de los organismos reguladores de los organismos políticos, lo que facilita la posibilidad de que ocurran distorsiones generadas por factores de distinta naturaleza. Por consiguiente, es necesario incrementar la independencia de las instituciones reguladoras y antitrusts en relación con las autoridades políticas. C.S.