La privatización de ferrocarriles argentinos : algunas reflexiones sobre la capacidad regulatoria del Estado

Abstract

Se examinan los aspectos más relevantes de las políticas de privatización y reestructuración de los servicios de transporte ferroviario en Argentina, iniciadas en 1989 en el contexto de la reconfiguración de las dimensiones y funciones del aparato estatal. Se describe la puesta en práctica del proceso, se señalan los principales rasgos del escenario post privatización y se discuten las perspectivas para el futuro.

El servicio de transporte ferroviario, por su carácter público, hace que aún cuando su gestión pase a manos privadas, el Estado mantenga responsabilidades que no pueden libradas totalmente a la lógica del mercado. A principios de 1990 empezaron a concretarse las primeras medidas de redimensionamiento de la empresa ferroviaria: fue licenciada o reubicada buena parte del personal y se llevó a cabo una reorganización administrativa. Paralelamente, se generaron las primeras resistencias de diversos sectores, en particular provinciales, opuestos a la supresión de trenes.

En junio de 1990 se elaboró un Memorándum de Entendimiento para la Reestructuración de Ferrocarriles Argentinos, suscrito por el gobierno federal, autoridades de la empresa y representantes del Banco Mundial. Luego de una prolongada huelga de trabajadores ferroviarios, se apresuró la constitución de la empresa que tomaría en sus manos la gestión del servicio, como etapa necesaria previa a la privatización de los servicios metropolitanos.

El esquema de regulación del sector ferroviario recién se concretó en 1994, en el marco de importantes conflictos en la prestación del servicio y a instancias del debate público en torno al control de los servicios públicos. En general, los intentos realizados por parte de distintos organismos para imponer sanciones a las empresas operantes por las falencias en la calidad del servicio, fueron rechazados sistemáticamente por los concesionarios aduciendo moras e incumplimiento por parte del Estado.

Para que la regulación tenga éxito se requiere la creación de entes y marcos regulatorios previos a la privatización, la existencia de normas claras, así como autonomía y capacidad de parte de los órganos reguladores. Además del retraso en la definición de la regulación, en el caso de los servicios ferroviarios el bajísimo perfil de los organismos encargados de esta tarea refuerza la imposibilidad de participación de los usuarios en el control de los servicios, y facilita la influencia que puedan ejercer los prestatarios del servicio en las instancias políticas.

La complejidad de la estructura ferroviaria y la contraposición de intereses en el área hace imposible hallar una solución puramente técnica. Es de hacer notar la coincidencia de diversos autores en torno al hecho de que las posibilidades de competencia y la eficacia de la política de regulación tienen mayores efectos sobre el desempeño que la propiedad de la empresa. Por lo tanto, la garantía de equidad social en estos nuevos escenarios estaría dada por una intervención del Estado que asegure la primacía de los derechos ciudadanos de acceso igualitario sobre la condición de consumidores y el imperio absoluto de las leyes de mercado. C.S.