El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: mecanismos de garantía de los derechos de los ciudadanos

Abstract

En el presente trabajo se analizara la forma en que ha sido regulado, mediante el desarrollo positivo y jurisprudencial, el acceso de los particulares a la justicia comunitaria andina en relación con las acciones que se pueden interponer ante el mencionado órgano comunitario andino. Para los particulares la normativa andina ha ido adquiriendo gran importancia, por una parte porque la normativa comunitaria andina ha pasado a regular un sector considerable de la actividad de los agentes económicos de la Subregión en las materias que son competencia supranacional y por otra parte, porque el ordenamiento andino no esta conformado de manera exclusiva por normas que suponen obligaciones para los Países Miembros, sino también por aquellas que generan derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país pueden exigir ante sus tribunales nacionales como consecuencia del efecto directo de dichas normas, además de la participación que deben tener el en proceso de control de la legalidad comunitaria.

El objeto de este trabajo será el estudio del tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia y el Protocolo modificatorio de Cochabamba, por que con este instrumento se introdujeron substanciales reformas, referidas, entre otras, a la legitimación activa de los particulares para impugnar los actos comunitarios viciados de ilegalidad o para acudir a la justicia comunitaria en ejercicio de la acción de incumplimiento.

Con relación a la legitimación activa de los particulares, se hablará de la evolución que se ha producido en el derecho que estos tienen para acceder a la justicia comunitaria andina y en cuanto al desarrollo jurisprudencial, se hará referencia al carácter restrictivo que en principio y estrictamente excepcional tenían los particulares en cuanto a la participación en el foro comunitario y profundizaremos en el estudio del protocolo de Cochabamba, en cuanto que modificó los criterios limitativos y flexibilizó el acceso de los ciudadanos comunitarios a la justicia.