La exclusión y la reforma de las políticas de previsión social

Abstract

En América Latina, la pobreza ha ido aumentado durante los últimos años en forma acelerada. Para este año se calcula que América Latina, tendrá unos 250 millones de pobres.

Potenciar la atención pública para el sector salud, así como la mayoría de los sistemas de pensiones y jubilaciones. Estamos moralmente obligados a considerarnos, todos los actores en los diferentes cargos de responsabilidad, en estado de permanente emergencia.

La deuda externa también representa una seria amenaza para el subcontinente, por cuanto nuestras naciones casi no poseen capacidad de pago.

Debemos promover una cultura de la ciudadanía, en la que los individuos se relacionan con el estado en términos de derechos exigibles.

El derecho a la educación es una de las demandas sociales acogidas tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El gran desafío es la formulación de políticas públicas y sociales capaces de cerrar la brecha de la marginalidad y la exclusión en el espacio educativo.

Reconocer el derecho al trabajo como un derecho humano y exhortando a los estados para que se adopten todas las medidas que aseguren el ejercicio de ese derecho.

La necesidad de una amplia protección al trabajador en caso de desempleo y el derecho a gozar de los beneficios de la protección social.

Procurar seguridad o protección social a la ciudadanía con la finalidad de preservar su integridad, su autonomía política, su racionalidad administrativa, y el rigor técnico-financiero.

El derecho a una pensión digna, es un reconocimiento al trabajo, como un acto de resarcimiento social para las generaciones que han ayudado a construir sus naciones.

El derecho a la vivienda compromete a los estados a establecer políticas con relación a los grupos más desfavorecidos.

Proteger la cultura en su doble dimensión: como posibilidad de acceder a la misma y como posibilidad de desarrollar y expresar la propia creatividad, respetando la diversidad étnica y cultural.

El derecho al esparcimiento sustentado en la convención de los derechos del niño.

Políticas urbanísticas y edilicias incluyentes, que contemplen los requerimientos de personas con necesidades especiales o discapacitados.

Promover políticas públicas de preparación de deportistas de alto rendimiento y estimular la educación física por medio de subsidios económicos y exenciones impositivas.

Brindar a la familia un genuino efecto de protección legislativa para el mejoramiento de su situación moral y material.

Los derechos del niño, configuran el cumplimiento de la convención en esta materia. En cuanto a la Juventud, el cumplimiento de los principios asumidos extensamente en la Carta Iberoamericana de la Juventud, así como el proyecto de Ley marco sobre la juventud.

Una reivindicación del Derecho a la Participación en la iniciativa, consulta, información, decisión y fiscalización de las políticas públicas.

El derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y apto para el desarrollo humano.

Las poblaciones indígenas suelen ser los grupos mas excluidos entre los pobres, por lo tanto, es hora de actuar, donde la razón humana prevalezca sobre la razón económica, donde la solidaridad prevalezca sobre el egoísmo.