Estado Provincial. Antes y después de la Reforma : el caso de Salta

Abstract

Se examina el proceso de reforma del Estado en Argentina, considerando en particular el nivel provincial, sobre la base del estudio del caso de la provincia de Salta. Se describen los rasgos característicos del Estado provincial y se analizan los cambios ocurridos en la provincia de Salta entre 1983 y 1996. Se consideran los alcances y las limitaciones de la reforma, y se discuten las perspectivas para el futuro.

El Estado provincial se comporta como representante de los intereses capitalistas locales, aunque a menudo asume posiciones ambivalentes al ubicarse en una relación de negociación permanente entre la provincia y la nación. En el Estado provincial el poder político tiene mayores vinculaciones con el poder económico, por cuanto sus márgenes de autonomía son estrechos, y pueden formarse sistemas locales de poder que tienden a llegar a extremos de conducción violenta, personalista o arbitraria. El período que se analiza incluye una primera gestión, la de Roberto Romero, entre 1983 y 1987, cuya inspiración fue netamente la de un Estado intervencionista o de bienestar. El gobierno siguiente encuentra un Estado fuertemente endeudado en un escenario nacional de hiperinflación. Es en este contexto que se plantea la reforma del Estado, a través de la primera ley de necesidad y urgencia que se dicta en el país, en marzo de 1990. Esta ley abarcó los siguientes aspectos: 1) medidas de emergencia económica; 2) disposiciones sobre el empleo en el Estado provincial; 3) otras disposiciones en materia laboral; y 4) regímenes de contención del gasto público y reestructuración orgánica y funcional del Estado.

La reestructuración del Estado provincial comenzó impulsada externamente, por la transferencia de organismos y servicios, en un proceso que puede catalogarse como una descentralización centralizada y parcial, sin los correspondientes recursos financieros. Posteriormente, la reforma fue avanzando desde el nivel legislativo, para irse concretando en la práctica. Desde el inicio se orientó hacia un achicamiento de la estructura administrativa, con intentos no logrados de mejorar su funcionamiento. Pero es a partir de 1995, con el gobierno de Carlos Romero, hijo de Roberto Romero, que se profundiza y se le da un carácter permanente a la reforma del Estado.

Se destaca el marcado contraste entre la gestión de Romero padre y, una década más tarde, la gestión de su hijo. Mientras que el primero, por una parte, amplió la atención de las demandas populares mediante políticas sociales e incorporación de fuerza de trabajo en el Estado, y por otra parte favoreció el desarrollo de sectores económicos locales a través de la creación de empresas estatales, el segundo transfirió al mercado y a la sociedad civil dichas responsabilidades, considerando que son sus ámbitos naturales. Se concluye que las reformas del Estado en el marco de prácticas patrimonialistas y clientelistas se convierten en simples reacomodos de la clientela partidaria. Por el contrario, en el proceso de apertura de los mercados y de una economía cada vez más globalizada, el Estado provincial asume un nuevo rol en la estructura económica y social. C.S.