La reforma administrativa en España

Abstract

Los procesos de reforma administrativa, independientemente de la organización a la que afecten, se inspiran en principios y responden a necesidades similares. Esta circunstancia se aprecia con claridad en la actualidad cuando analizamos los procesos de cambio administrativo impulsados, tanto en la administración general del Estado, como en las distintas administraciones autonómicas. En ambas instancias, la agenda de la reforma incluye distintos mecanismos para la mejora de la eficacia, la calidad y la transparencia de la actuación administrativa, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el perfeccionamiento de los mecanismos de cooperación intra e interadministrativa, la articulación de nuevas formas de organización, el cambio de parámetros en la selección, formación y promoción de empleados públicos, el fortalecimiento del control, la coherencia y la responsabilidad en las políticas públicas o el fomento de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Estas semejanzas fundamentales hacen que, independientemente de la situación de partida, las estrategias de actuación no diverjan en exceso de unas administraciones a otras.

La reflexión sobre la necesidad de reforma de las administraciones públicas en España, especialmente en el ámbito estatal, ha de tener en cuenta las especiales circunstancias de las que partimos. La consolidación del proceso de descentralización política y administrativa, la ampliación y profundización del proyecto europeo, el extenso proceso de liberalización de los grandes servicios públicos que se ha producido en los últimos años, el desarrollo de las nuevas tecnologías, los múltiples y variados efectos de la globalización o la necesidad de fortalecer el compromiso democrático de nuestras instituciones, son fenómenos que marcan las pautas de actuación en todo empeño transformador que emprendamos.

Asimismo, la crisis del tradicional antagonismo entre la sociedad y el Estado, la necesaria orientación a las necesidades de los ciudadanos a través de la promoción del desarrollo individual en un marco de cohesión social y la exigencia de cumplimiento de los principios y objetivos constitucionales en un contexto de estabilidad presupuestaria, son expresiones del nuevo modelo de actuación pública que se ha puesto en marcha en los últimos años.

En el ámbito de la administración general del Estado somos conscientes de las necesidades que se nos plantean en la actualidad. Las nuevas circunstancias imponen una modificación del modo tradicional de acuerdo con el que hasta hace bien poco tiempo actuábamos. El Estado está asumiendo un papel más determinante en la definición, planificación, dirección y coordinación de las grandes políticas, como la defensa, la seguridad, la economía, el desarrollo social o las relaciones internacionales, entre otras, mientras que sus tareas de gestión se hallan en pleno retroceso, correspondiendo buena parte de éstas tanto a las comunidades autónomas y a las entidades locales, cumpliendo los principios de descentralización y subsidiariedad en el marco de la administración única, como al sector privado, pues otros agentes del mercado o de la comunidad están demostrando que pueden ejercer con más eficacia y menores costes determinadas funciones, aunque siempre bajo la dirección y supervisión del Estado.