Género y ciudadanía : análisis de desafíos para el Estado y el desarrollo local

Abstract

La reforma del Estado y de la administración pública se ha orientado cada vez más hacia el desarrollo económico y social. Los procesos de descentralización y desarrollo local han generado grandes expectativas y transformaciones sociales e institucionales en el panorama político de los países latinoamericanos. Pero: ¿se han logrado verdaderos avances en la participación ciudadana; se ha descentralizado de manera eficaz y transparente la gestión de los asuntos públicos; se han reducido las desigualdades sociales; se han cimentado unas nuevas relaciones de género...? Es preciso repensar la noción de ciudadanía democrática desde la perspectiva de género, y definir nuevas formas de participación, lo que supone un claro desafío en la transformación del Estado y en las estrategias de la administración pública, así como en la aplicación de proyectos y programas desde el ámbito internacional y supranacional hasta el municipal. Esta es la función de las Políticas de Acción Positiva.

"Pensar globalmente, actuar localmente" define bien el sentido de lo "glocal". Frente a lo global, surge lo local como la otra dimensión básica de los derechos ciudadanos. El desarrollo local se convierte en la vía idónea para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones, y el municipio en el territorio donde más se concreta el ejercicio de la ciudadanía. Encontrar los puentes entre lo "macro" y lo "micro" es el papel que les toca jugar a los Estados, con una visión democrática y descentralizada, lo que supone desempeñar un nuevo rol político e institucional, y exige a los Ayuntamientos la asunción de nuevas competencias, derechos, obligaciones y responsabilidades. Las políticas públicas han de garantizar derechos y cubrir necesidades cada vez más complejos, desde los sociales y económicos a los de ciudadanía, lo que implica también asegurar una real participación en condiciones de igualdad genérica entre hombres y mujeres, con un objetivo de democracia paritaria.

Las mujeres en su conjunto, han estado históricamente excluidas del proceso de construcción colectiva y presencia social, lo que ha conducido a que los denominados valores masculinos rigieran y jerarquizaran la esfera pública, bajo una falsa pretensión de universalidad. Redefinir la identidad de las mujeres en la vida social supone incorporar a la agenda muchos de los problemas y desafíos de la vida privada (todo lo que afecta a los lazos o vínculos que unen a la persona con la familia; la interdependencia; el sistema y ética del cuidado; el binomio reproducción-producción), así como replantear y superar la tradicional división sexual del trabajo, y las dicotomías y categorías público/privado, personal/político, doméstico/público, entendiendo ya hoy que todo, -también lo personal- es político, y que hay que avanzar hacia la individualización de derechos.

El análisis de género referente a la ciudadanía revisa la disyuntiva tradicional público-privado, y mediante Estrategias (Políticas de Acción Positiva) trata de redistribuir el poder y la representación en desventaja que aún padecen las mujeres, revalorizando lo privado para interrelacionarlo con lo público, y definir desde esa simbiosis la nueva ciudadanía democrática del siglo XXI. Éste es también un desafío que la reforma del Estado y la Administración Pública ha de encarar, en aras a incardinar la perspectiva de género en la construcción de la ciudadanía democrática del siglo XXI.