Refuerzo de la fiscalización política : el rol de la cámara de diputados en Chile

Abstract

La creciente preocupación por la ética pública y por el buen funcionamiento del Estado de derecho ha generado un intenso debate sobre el rol y los alcances de la fiscalización política que, en Chile, corresponde ejercer a la Cámara de Diputados.

En este trabajo ofrecemos una mirada histórica del tema, su estado actual, las críticas más relevantes y las propuestas de reforma en trámite en el Congreso Nacional.

Sucintamente, las funciones que en la actualidad puede el Parlamento atribuirse son presupuestarias, legislativas, política, jurisdiccional y representativa. Según la Carta Fundamental, ambas Cámaras están llamadas a concurrir a la formación de leyes y constituirse en un espacio de foro para la discusión de los debates políticos; la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del gobierno y la Cámara Alta prestar su consentimiento a ciertas decisiones.

De esta forma, la fiscalización se objetiva como "la atribución exclusiva de la Cámara que versa sobre todos los actos del Gobierno, sean ellos gubernativos, ejecutivos o administrativos, y no únicamente acerca de los actos políticos o de gobierno". Así, la actividad controlada abarca todo el ámbito del Gobierno y la administración, entregada al Presidente de la República y a los entes comprendidos en los sectores centralizados y descentralizados a través de los cuales el Estado cumple sus funciones.

Particularizando nuestro análisis, las atribuciones de la Cámara de Diputados está caracterizada por ser la Cámara de origen de las leyes sobre tributos, reclutamiento y presupuesto de la Administración Pública.

La operacionalización de la fiscalización se ejerce mediante las comisiones investigadoras, "las que tienen que indagar sobre determinadas actuaciones o hechos realizados en la gestión pública o por el sector privado y que puedan afectar en forma más o menos grave los intereses del Estado y la sociedad".

La Comisión Nacional de Etica Pública constituida por el Presidente Frei en 1994, levantó una voz crítica y pidió reformar la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para reforzar las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, muy especialmente de las Comisiones Investigadoras que ella resuelve formar.

Coincidiendo en la necesidad de fortalecer la fiscalización política a cargo de la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en su segundo informe, de fecha 18 de marzo de 2003 fortalece la idea de legislar las reformas propuestas que al día de hoy se encuentra pendiente de debate y votación en la Sala del Senado.

La reforma vigoriza fuertemente el rol de las Comisiones investigadoras, dando imperio a muchas de sus resoluciones y asegurando el que ellas concluyan su trabajo con un Informe a la Sala o, si fuere del caso, con Informes de mayoría y minoría. En base a tales Informes y con el voto favorable de un tercio (40) de los Diputados en ejercicio las conclusiones de la Comisión, el debate y los acuerdos de la Sala habrán de ponerse en conocimiento "del Gobierno, de los Organos o Servicios afectados, de los Tribunales de Justicia, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado, para que ellos adopten las medidas pertinentes y ejerzan las acciones que corresponde en conformidad a la legislación vigente".