Ajuste estructural, equidad y reformas tributarias

Abstract

La globalización es en parte un proceso político dentro de la esfera de decisión de los estados nacionales más poderosos y las organizaciones económicas y financieras multilaterales, con decisiva influencia del grupo de los Siete. La globalización resulta de la coexistencia de factores económicos y marcos regulatorios que reflejan el sistema de poder prevaleciente en las relaciones internacionales. Los resultados de las buenas y las malas respuestas de la globalización son mensurables: se reflejan en crecimiento, bienestar y equilibrios macroeconómicos.

En el caso que nos ocupa, el propósito perseguido al efectuar las reformas tributarias, fue en términos generales, cumplir las exigencias del Fondo Monetario Internacional relacionadas con los niveles tolerables del déficit fiscal y la sostenibilidad de la deuda; motivo que en principio, es de utilidad pública.

Las reformas estructurales completas y de gran alcance y las acciones fiscales adicionales, han complementado las medidas para alcanzar las mejoras perseguidas en las finanzas públicas. De hecho desde 1999, Colombia ha introducido reformas estructurales buscando la reducción de los desequilibrios económicos que amenazan con frustrar el crecimiento económico y el progreso social. Con ellas, la inflación se ha reducido, la competitividad y la estabilidad financiera han sido levemente restauradas. Sin embargo, recientemente la economía se ha desacelerado, y el progreso en el alivio de la pobreza ha sido insatisfactorio. En efecto, en Colombia, actualmente existen más de once millones de habitantes que subsisten con menos de un dólar diario y el 52% de los ingresos están en poder del 20% de los hogares más ricos. Efectos que, de manera general se han detectado en América Latina, en donde en razón de la globalización real, reflejan cambios en la tecnología, la acumulación de capital y la aptitud de las economías nacionales para generar ventajas competitivas desiguales.

De suerte que el concepto de capacidad contributiva denota una aptitud de las personas para pagar los tributos y por eso cuando sólo se tiene lo necesario para suplir las exigencias individuales mínimas, y cuando ni siquiera se satisface el imperativo constitucional de posibilitar una vida digna, no puede presumirse que existe la capacidad de concurrir a los gastos públicos. En esa perspectiva, la política tributaria del Estado Social de Derecho no puede ir en contravía de la finalidad que le es consustancial en el contexto político democrático de ese Estado.

Esa es la razón por la cual, la razonabilidad y proporcionalidad de las leyes tributarias generadas dentro de la política de ajuste fiscal, íntimamente relacionada con la utilidad pública o interés social, ha sido gravemente criticada, dado que con la necesidad estricta de acudir a ese mecanismo, se ha hecho más gravosa la distancia entre ricos y pobres, en vez de promover el indicado propósito general.