Reformas del Estado y políticas públicas en el área social : ¿contraposición o convergencia?

Abstract

Luego de más de dos décadas de reformas estructurales (económicas) en América Latina y el Caribe, hay considerable insatisfacción con los resultados en materia de reducción de la pobreza y satisfacción de necesidades sociales. No obstante los esfuerzos para modernizar y/o reformar sus Estados y sus administraciones públicas, la organización y las capacidades institucionales de los países para formular, acordar, ejecutar y evaluar políticas públicas en el área social con frecuencia aparecen más débiles que antes de 1990. Las reformas en los sectores sociales, por su parte, frecuentemente se han abordado con insuficiente conexión con los esfuerzos de modernización del Estado en su conjunto.

Estos y otros problemas se han atribuido a veces a que la "primera generación" de acciones del reforma del Estado han priorizado el ajuste fiscal y las acciones de reforma más directamente vinculadas a la implantación y consolidación de las reformas económicas, en tanto que otras tareas quedarían para segundas y hasta terceras generaciones de cambios. Otra visión considera que el debilitamiento de la capacidad estatal en las áreas sociales es un resultado directo, e inevitable, de las características políticas del proceso de cambio institucional.

Todo ello parece haber contribuido, en muchos países, a limitar la eficacia de la lucha contra la pobreza, a la persistencia de agendas inconclusas en los sectores sociales, y adicionalmente a una clara sensación de "fatiga" hacia los procesos de reforma.

Por otro lado, no ha dejado de haber coincidencia sobre la necesidad y justificación de la intervención gubernamental en las áreas sociales; antes bien, ella se ha visto reafirmada. Al mismo tiempo, las características de cómo se ejerce la intervención gubernamental han ido variado profundamente. En el Estado tradicional, los mecanismos de definición de políticas públicas, financiamiento y prestación de servicios estaban fundamentalmente autocontenidos en el aparato estatal, y éste era muchas veces impenetrable para el resto de la sociedad y aún para otros poderes del estado. Hoy se acepta que "lo público" no está contenido completamente dentro de "lo estatal", y se propone para el estado un rol articulador de la participación de los diferentes actores sociales en la definición de políticas, y la transferencia de funciones de diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos a organismos ubicados en diferentes niveles de gobierno, en el sector privado o entre las organizaciones de la sociedad civil.

Este artículo procura examinar la problemática anterior, analizando hasta qué punto y de qué manera la literatura especializada ha reconocido y enfrentado los vacíos existentes, y cómo los mismos todavía persisten en documentos de políticas y estrategias de los organismos multilaterales de financiamiento, sirviendo además como introducción a los temas más específicos que se abordarán en los restantes artículos que se presentarán en el panel.