La reforma de las empresas públicas y sus proyecciones socioeconómicas en República Dominicana

Abstract

Las empresas públicas de carácter industrial o comercial adquirieron su carácter estatal al desaparecer el dictador Trujillo en 1961, el cual había aprovechado su condición para crear un emporio económico para su beneficio personal, en el cual se incluían 12 ingenios azucareros, producción de harinas, tabacos, vidrio, papel, pintura, sacos y cordelería, aceites vegetales, calzado, licores, baterías, clavos, entre otros, la compañía de aviación comercial, hoteles y otras de diferentes naturalezas.

El clientelismo político, la incapacidad y la improvisación determinaron un proceso indetenible de deterioro que condujo al cierre definitivo de muchas de ellas y una precariedad económica para las que permanecen abiertas a costa de cuantiosos subsidios que no pudieron evitar el deterioro general y de sus activos tecnológicos y productivos.

En el año 1997 el Estado decidió, con un consenso de las principales fuerzas políticas, privatizar este emporio, dado el inminente colapso que en el corto plazo afectaría las empresas que permanecían operando, promulgándose la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, en la cual la participación privada se enfocó principalmente hacia modalidades no enajenatorias, priorizando entre estas la capitalización, mediante la cual un inversionista privado, seleccionado mediante licitación internacional, hace un aporte económico equivalente al valor de la empresa, determinado este por auditores seleccionados mediante licitación internacional. Otras modalidades previstas en la ley son el Arrendamiento, la Concesión, el Contrato de Administración y la Transferencia de Activos.

Los procesos de reforma se iniciaron en el año 1998, con los resultados siguientes: Corporación Dominicana de Electricidad. :Con los activos de la empresa se conformaron cinco conjuntos que pasarían a integrar las nuevas empresas para su capitalización: dos de generación y tres de distribución en sendos espacios geográficos. Quedaron bajo el control de la CDE el sector transmisión y el conjunto de hidroelectricidad.

El conjunto de los ingenios azucareros (diez en total) se licitó, quedando adjudicados a cuatro inversionistas, por medio de contratos de arrendamiento, generando en conjunto una renta anual del orden de once millones de dólares de los EUA.

Las empresas del conjunto denominado CORDE fueron reformadas de manera independiente, resultando dos empresas capitalizadas (producción de harinas y las tabacaleras); dos unidades del área minera fueron adjudicadas en concesiones de arrendamiento: producción de sal y mármol. Están pendientes de concluir las reformas de otras unidades cuyos niveles de deterioro presentan mayores dificultades: papel, pintura, vidrio, y línea aérea.

En lo respecto a las instalaciones hoteleras, las que presentaban cierta magnitud y valor de mercado habían sido concedidos a inversionistas privados antes de entrar en vigencia la Ley de reforma, por lo cual fueron excluidas del proceso.

Se honraron todos los pasivos laborales (US$ 100 millones), así como la opción para que los trabajadores apliquen el monto de sus prestaciones a la adquisición de acciones en las empresas capitalizadas.

La reforma ha introducido un cambio significativo en el sentido del flujo monetario, eliminándose los aportes que se requerían simplemente para mantenerlas operando con alta precariedad y pasando el Estado a recibir ingresos, ya sea por dividendos distribuidos en las empresas capitalizadas, la renta en las empresas arrendadas y el impuesto sobre la renta.

Se creó el Fondo Patrimonial que tiene la misión básica de representar al Estado en todo lo concerniente al cuidado de sus intereses en las empresas reformadas, recibir los recursos generados por las empresas reformadas e invertirlos en proyectos de desarrollo social.