El ingreso social y el derecho a la educación : el desafío de implementar un escenario de inclusión social a partir de la experiencia de un plan social

Abstract

Posteriormente al proceso de reformas estructurales de los noventa en Argentina, uno de los efectos verificados fue el paulatino y creciente deterioro del Mercado de Trabajo. El saldo fue constatado a diferentes niveles, nuevos sectores pasaron a integrar el mundo de la pobreza, aumentó la desocupación masiva y, como consecuencia, un número importante de personas quedaron en situación de exclusión respecto al acceso de bienes y servicios y del sistema de seguridad social.

Puntualmente, en aquellos hogares, donde se registró la pérdida del puesto de trabajo del principal sostén económico del núcleo familiar, se combinaron la desintegración material y la desintegración simbólica provocando serias dificultades para la reproducción de sus vidas cotidianas. El desafío del Estado central a partir de la alternancia en el gobierno de una coalición de partidos políticos (1999/2003) fue planificar una Política Social integral y decidida para la inclusión social de estos grupos excluidos, buscando con eficiencia y eficacia la reconstrucción de la trama social urbana recuperando los derechos sociales y superando la lógica de brindar sólo asistencia para la satisfacción de necesidades.

Este es el contexto en que se diseña e implementa la experiencia de un Plan Social desde la Secretaría de Tercera Edad y Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, que sostiene a la educación y al conocimiento como claves en la estrategia de inclusión de estos colectivos sustentado la implementación en una reconceptualización de la idea de trabajo, vinculándolo con la noción de "estudiar es trabajar".

Y en este escenario, la experiencia piloto interviene implementando acciones en aquellos hogares con mujeres jefas desocupadas con menores de 14 años a cargo, considerando que ellas cumplen una función táctica en la integración social de sus familias como eje que articula las prácticas familiares y comunitarias.

Desde esta perspectiva, el Plan, aboga primero en dar accesibilidad a este colectivo social, facilitándoles el ejercicio del derecho a la educación contribuyendo a mejorar no sólo el capital humano individual sino la base general del conocimiento de su comunidad y el capital social local. Finalmente se señala que la meta social del plan consiste en contribuir a mejorar la calidad de vida de estas familias instalando para ello una modalidad de intervención social articulada entre los tres niveles de estado: nación, provincia y municipio, haciendo eje en la promoción de los derechos sociales.