El caso de la ciudad de Buenos Aires

Abstract

La reforma del Estado surgió a mediados de la década pasada como uno de los puntos centrales en la agenda de la reestructuración amplia en materia de administración y gestión de políticas públicas. Este conjunto de políticas ha transformado sustancialmente el rol del Estado produciendo, entre otras cosas, una fuerte transferencia hacia los niveles locales -de hecho y de derecho- de funciones y competencias que antes se encontraban en manos de los niveles nacionales y provinciales.

La descentralización de competencias a provincias y municipios trajo consigo el problema de descentralizar competencias sin hacerlo con los recursos. El impacto de la reforma del Estado sobre el nivel local ha sido múltiple y, si bien ha generado un conjunto de nuevas oportunidades, también ha enfrentado a los gobiernos locales con un conjunto de nuevos problemas para los cuales no estaban preparados.

La Ciudad de Buenos Aires no ha escapado al proceso de transferencia de servicios públicos esenciales desde el nivel nacional al gobierno local, lo que llevó a este último a replantear el papel del Estado local y los mecanismos adecuados para alcanzar una administración eficiente. En este sentido, la reforma del Estado del gobierno local debe concebirse como un proceso de modernización de la administración para lograr un estado más eficiente en la prestación de servicios.

Una estrategia global del gobierno local debe concentrar sus mayores esfuerzos en el mejoramiento y modernización de la gestión urbana, acercando la misma a los vecinos y estableciendo mecanismos de participación popular y control, a fin de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.

En este contexto, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, creado por Ley Nro. 1565 del año 1884 y organizado en el marco de la Ley Nro. 14.586 y del Decreto Ley Nro. 8204/63, desarrolla tareas que, por su vinculación con hechos esenciales de la vida de las personas, reviste singular importancia dentro del plexo institucional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De allí que corresponde a la institución la inscripción de todos los hechos y actos jurídicos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas.

Asimismo, y según lo dispuesto por la Ley Nro. 17.671, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas actúa como delegado del Registro Nacional de las Personas en la recepción, diligenciamiento y entrega de los trámites de identificación de los ciudadanos.

En dicho marco, las actividades del Registro Civil han sido incrementadas en los últimos años, teniéndose presente, para ello, la eficiencia y capacidad operativa demostrada en la prestación de sus servicios básicos, a pesar de ciertos problemas estructurales que requieren necesariamente su abordaje y solución.

En este sentido, el accionar cotidiano de la institución está concentrado en "brindar más servicios, de mejor calidad, a más vecinos de nuestra Ciudad". Esta estrategia debe apoyarse en un conjunto de políticas, las que en la práctica se llevan a cabo mediante la implementación de programas claves que hacen posible acercarse al objetivo planteado.

Uno de los proyectos, por ejemplo, es la Informatización y Digitalización del Registro Civil. Su importancia radica en que, de esta manera, se da inicio a una transformación profunda de los métodos y sistemas de administración de actas del Registro Civil, que redundará en una mejora sustancial de la calidad de atención al ciudadano y en una optimización de los recursos. Este proyecto se inscribe en el marco del Programa de Modernización y Descentralización que la gestión del gobierno local pretende profundizar.

El cambio que se produce en la concepción del Registro Civil a raíz de este proceso es profundo ya que la modernización de la tecnología impondrá necesariamente una reingeniería organizacional de la institución. La propuesta es un instrumento para potenciar la prestación de servicios de calidad, teniendo en cuenta que detrás de cada trámite hay una necesidad, una urgencia o un derecho, y que toda demora ocasiona un perjuicio, por lo que resulta de vital importancia profundizar todos aquellos proyectos que propicien la simplificación y transparencia de los procedimientos administrativos.