Transición democrática, reforma del Estado e institucionalidad del área social en México

Abstract

Los procesos de transición democrática en América Latina están vinculados inevitablemente a los de la reforma del Estado y, por ende, a los cambios institucionales. La historia ha demostrado en los últimos años, sobre todo en la década de los 90s, que en el marco de esta vinculación se viene presentando un deterioro social en los países de la región que ha incidido grandemente en los procesos de reforma del Estado y de transición democrática. Por una parte, se ha avanzado en transiciones que tienen que ver con reformas electorales, económicas, políticas, pero cada día vemos que los niveles de desigualdades en América Latina son cada día mayor. No es casual que este continente sea considerado a nivel internacional como la región con los más elevados niveles de desigualdad. El Banco Mundial, por ejemplo, ha estimado que esta región tiene la más pronunciada disparidad en los ingresos de todas las regiones en desarrollo en el mundo.

Nosotros partimos que este proceso de desigualdad y, por ende, de inequidad en la región se ha profundizado por la fragilidad institucional en el área social.

En consecuencia, este trabajo apunta hacer un análisis de la relación entre la reforma del Estado y la fragilidad institucional del área social en México, fragilidad ésta que se expresa a través de sueldos bajos, condiciones de trabajo precarias y perspectivas en deterioro de profesionales de esta área que están en contacto directo con los pobres y les ofrecen sus servicios.

De lo que se trata es ver justamente hasta que medida en América Latina se han logrado tres elementos claves para la reforma institucional en el área social: una, la gestión interorganizacional de los programas sociales, esto implica que los programas sociales, bien de salud, educación, combate a la pobreza, etcétera, se le deben incorporar variables culturales, psicológico-sociales y de educación familiar, esto para evitar implementar políticas aisladas; dos, el papel activo que deben jugar las entidades regionales y los municipios en la política social, en este elemento es importante tomar en cuenta la descentralización de funciones, responsabilidades, y recursos, hacia los niveles más cercanos a la ciudadanía, las entidades federales y los municipios; y tres, la participación de todo lo que se denomina lo público no estatal, en este sentido, se ha demostrado que los programas con activa participación comunitaria en su diseño, gestión y evaluación, tienen resultados muy superiores a los programas de corte burocrático vertical, esto implica impulsar la gerencia social como instrumento importante en los procesos de reforma institucional en el área social.