La formación continua desde la perspectiva de una comunidad autónoma

Abstract

La distribución territorial del poder en España, según la Constitución de 1978, se asienta en la existencia de las Comunidades Autónomas, que gozan de autonomía política y suponen, por ello, un alto grado de descentralización administrativa en el Estado. De ahí que su perspectiva sea distinta de la de la Administración propia o centralmente estatal, sin que tampoco pueda identificarse con la de los entes locales.

Aragón es una Comunidad Autónoma de tipo medio, cuyas características -históricas, geográficas, estructurales, demográficas, económicas, institucionales y competenciales- requieren una Administración Pública que responda adecuadamente a tales especificidades. Esa Administración forma, con el Gobierno que la dirige, la organización del poder ejecutivo, con el nombre de Diputación General de Aragón.

La Función Pública de esta Administración está compuesta actualmente por unos 22.500 efectivos de personal, que abarcan un variadísimo conjunto de funcionarios y contratados laborales, para la gestión de las competencias que, reconocidas en el Estatuto de Autonomía, implican la responsabilidad de organización y funcionamiento de los servicios asumidos.

El Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP) es el órgano designado por el Gobierno de Aragón para actuar de promotor de los planes de Formación Continua, que son aprobados en principio por la específica Comisión autonómica, previa negociación de las propuestas con la representación sindical, y definitivamente por la Comisión Nacional para la Formación Continua, tras lo que se procede a la convocatoria pública de las acciones formativas que los integran. La gestión de los cursos la llevan a cabo el IAAP -directamente o con la colaboración de los Departamentos y Organismos implicados-, la Universidad, las Organizaciones Sindicales -que, en virtud de pacto, pueden gestionar los cursos que proponen, hasta el 50% del total del fondo asignado a la Administración autonómica- y, en algunos pocos casos, empresas privadas especializadas.

La coordinación y supervisión corresponde en todo caso al IAAP, que impulsa y tramita los procedimientos, nombra a los profesores, aporta aulas y material, selecciona a los participantes según criterios preestablecidos, expide diplomas a la vista de un riguroso control de asistencia, recoge las encuestas evaluatorias, efectúa los pagos y presenta la liquidación del Plan.

La programación que el IAAP elabora para el Plan se basa en premisas como: la variedad, pluralidad y heterogeneidad de los destinatarios; el servicio a los intereses generales de los ciudadanos como razón de ser de la Función Pública; la formación inicial garantizada por el sistema selectivo de ingreso y la complementariedad de la formación posterior; el modelo de organización burocrática, mixto de carrera y empleo, y la consideración de la formación como derecho y como deber, con la consecuencia de la necesidad de equilibrio entre la finalidad perfeccionadora del desempeño del puesto -¿obligatoria?- y la buscada -voluntaria- para la promoción profesional. El horizonte final es la mejora permanente de la Administración por la evolución de sus recursos humanos desde la mentalidad de empleado público a la conciencia de servidor publico.