La participación de la sociedad civil en el proceso de la gestión pública

Abstract

En la presente investigación partimos del análisis de lo establecido en la Constitución venezolana (1999) en lo que respecta a la participación de la sociedad en el proceso de formación, ejecución y control de la gestión pública.(Art.62) consagrado dentro de los derechos políticos. Sin embargo mis reflexiones no se limitan a una interpretación exegética del texto normativo, más bien lo tomo como punto de partida para proceder a desarrollar un conjunto de reflexiones que se refieren a las dificultades de materialización de lo contemplado en dicho dispositivo, si se toma en consideración el contexto social y político en el que debe inscribirse.

Para hablar con propiedad de una democracia participativa no podemos circunscribirnos a su consagración en textos normativos sea cual sea su rango. La participación no se decreta, especialmente en sociedades que han sido envueltas por la atmósfera de sistemas políticos de corte paternalista. En ellos lejos de fomentarse la inclusión de nuevos actores en la toma de decisiones dentro del ámbito estatal, se frustra cualquier intento por democratizar los procesos propios de la gestión pública. La cultura política que predomina en relaciones Estado-Sociedad signadas por el contexto de un sistema populista, es difícil de ser sustituida por los valores esenciales requeridos para constituir una sociedad verdaderamente participativa.

Por ello el postulado establecido en el Art. 62 de la Constitución venezolana constituye un ambicioso desafío que sólo puede materializarse partiendo de un esfuerzo sostenido, consciente y conjunto de un amplio espectro de actores sociales comprometidos con ese cambio profundo de paradigma político. En el presente trabajo intentaré establecer algunos escenarios en los que tal propuesta podría dar frutos, pero igualmente señalaré aquellos en los que dicha ambiciosa pretensión pudiera quedarse en una frustración más, divorciándose el texto normativo de la realidad.