Apropiación indebida de recursos públicos

Abstract

La sociedad argentina se enfrenta a un grave mal que recorre los distintos ámbitos del Estado, de la Administración Pública. Muchas veces los dineros públicos no se gastan ni invierten en los destinos para los cuales fueron previstos originalmente.

Así, nos encontramos frente a casos en los que, por ejemplo, el presupuesto de los poderes legislativos, tanto nacional como provinciales y hasta municipales, en lugar de solventar su funcionamiento son impropiamente derivados a financiar las estructuras partidarias.

Existen innumerables casos en los que las elecciones internas de los partidos políticos se financian a través del desvío de los dineros que originalmente fueron asignados a los poderes legislativos.

Esta situación acarrea más de un grave perjuicio. En primer lugar, el ya apuntado: la apropiación indebida de los recursos públicos. Un segundo perjuicio es el deterioro de las instituciones, en este caso legislativas, a partir de estas prácticas deleznables. Un tercer perjuicio es el de el rechazo de la sociedad hacia la política y los partidos políticos.

En una democracia como la nuestra, en la que falta mucho camino por recorrer para consolidarla definitivamente, estas son consecuencias sumamente riesgosas. La política es necesaria tanto como lo son los partidos políticos para que los ciudadanos puedan acceder a los cargos de gobierno a todo nivel y transformar la realidad. Para revertir estas situaciones creo que la salida es dirigir nuestros esfuerzos a hacer instituciones transparentes, eficaces y baratas.

En el mismo sentido, podemos apuntar la manipulación que muchas veces se hace de los fondos asistenciales de los que dispone un legislador. El caso más conocido es el de las pensiones graciables que en los últimos tiempos se han asociado más de una vez al clientelismo político y, por ende, al financiamiento de los aparatos partidarios. En este caso, estoy convencido que la tarea social del legislador es, justamente, legislar. Por lo tanto, ese tipo de fondos deben salir de su órbita y ser asignados por la autoridad competente en el seno de los poderes ejecutivos.

En otro orden, la Agencia Social que pronto se pondrá en marcha tiene como objetivo optimizar el presupuesto asignado a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Muchas veces se ha dicho que una parte importante del mismo no llega a los destinatarios, se apropia indebidamente, se deriva políticamente, se queda en el camino.

Además, el hecho de aunar todo ese dinero bajo una sola autoridad permitirá disminuir el gasto burocrático que acarrea el hecho de que, como ocurre actualmente, los distintos programas de tipo social sean administrados por muchas dependencias administrativas distintas.

Debemos recordar que el estado de corrupción falsea el sistema democrático porque la democracia supone que los ciudadanos eligen delegados para que cuiden el interés común. Si el delegado cuida, en cambio, sus propios intereses privados, está falsificando los fundamentos mismos del sistema.

En un estado de corrupción, además, aumenta la desigualdad social, porque sólo se aprovechan plenamente de la corrupción aquellos.