Nueva institucionalidad social : el Fondo de Inversión y Desarrollo Social y la política social de Mendoza

Abstract

El presente artículo analiza un intento de institucionalización eficiente de los programas sociales en la Provincia de Mendoza durante el período 1996-1999, enfocando el estudio en la creación y funcionamiento del Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES), como herramienta financiera y de gestión.

Las características principales del FIDES son: que forma parte de la administración central del estado provincial, es un instrumento de financiamiento de programas y proyectos (no ejecuta acciones directamente), integra la mayor parte de los financiamientos sociales de la Provincia, tiene mayor agilidad para la asignación de recursos en función de ciertas prerrogativas mínimas, estructura buena parte de sus recursos en función de la demanda, es sujeto de numerosos controles legislativos, administrativos y sociales, y es finalmente un ámbito inicial de gestión social asociada. Por estas razones tiene similitudes y diferencias con los tradicionales Fondos de Desarrollo Social creados en América Latina.

Este esfuerzo de institucionalización, que incluye el diseño y puesta en marcha del FIDES, pero que también incluye los procesos de modernización, descentralización municipal y fortalecimiento de la sociedad civil, ha tenido un impacto positivo en la política social provincial en función de criterios de eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión, aspecto que ha quedado evidenciado por el aumento de las coberturas sociales, la disminución de los costos, el aumento de la focalización y la mayor equidad territorial en la distribución de los fondos. Pero paralelamente se han detectado insuficiencias en los logros y en las reformas, así como resistencias de parte de distintos sectores, en especial políticos.

La sostenibilidad y profundización de este proceso de institucionalización requiere de su continuidad (con todas las innovaciones y ajustes necesarios) y a su vez, de su inscripción en un proceso más amplio de reforma de la acción de gobierno, en el que se revisen los instrumentos rectores centrales de la gestión pública: normas de personal, procedimientos y contrataciones. Sólo en el marco de la reforma global del Estado puede un área específica asegurar la continuidad de sus mejoras.