Reforma do Estado e o novo marco legal do terceiro setor

Abstract

El ensayo expone el proceso de elaboración de la nueva ley para el tercer sector en el Brasil, analizando los problemas legales, las innovaciones conceptuales y gerenciales, los impasses políticos, y relacionando este marco legal con la reforma el Estado.

La Ley 9.790/99, que estableció la calificación de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro como Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público (OSCIP) e instituyó los Términos de Cooperación (Termos de Parceria), trajo consigo una serie de cambios en relación con el marco legal precedente en lo que se refiere al proceso de calificación (menos oneroso, más ágil y con criterios claros para el acceso); al alcance institucional (reconocimiento de organizaciones cuyas áreas de actuación social no eran contempladas legalmente); al acceso a recursos públicos (más flexible y con mayor control público); y a las exigencias para una gestión transparente de las entidades y una gestión más eficiente de los gobiernos.

Con la nueva calificación se procuró identificar las organizaciones que poseen fines públicos y simplificar los procedimientos administrativos para la obtención del título correspondiente, invirtiendo la lógica del control burocrático apriorístico por la noción de derechos y responsabilidades de las organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, se procuró modernizar la cooperación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, con base en criterios de eficacia y eficiencia de los proyectos, y mecanismos más adecuados de responsabilización, de modo de garantizar que los recursos de origen estatal sean bien utilizados y efectivamente destinados a fines públicos. La propuesta del Término de Cooperación consiste en insertar la gerencia social en un nuevo marco de gestión pública, y de aquí la combinación entre autonomía decisoria del gerente en relación con la flexibilización de leyes o reglamentaciones excesivas, y el control social.

Es posible concluir que algunos de los temas y directrices de la agenda de reforma de las políticas sociales se incorporaron al diseño de la nueva ley, que enfatiza la búsqueda de nuevas formas de articulación con la sociedad civil y la introducción de nuevas formas de gestión, tanto para el Estado en la regulación de las sociedades y la concesión de títulos, como para las organizaciones del tercer sector.

La producción del bien común por parte de las organizaciones de la sociedad civil implica desafíos para el tercer sector (mejoramiento de la capacidad de gestión e implementación de proyectos, transparencia y control social) y también para el Estado, como la gestión de las sociedades con la atención centrada en la evaluación de resultados de proyectos; la continuidad en la revisión del aparato legal y administrativo que entorpece el control por resultados, dificulta la ampliación de incentivos fiscales, y que de hecho necesita y genera contradicciones entre leyes y procedimientos entre los dos sistemas legales; y la creación de relaciones adaptadas a la cooperación, tales como la capacidad de negociación entre actores y la articulación de la red de instituciones estatales y de la sociedad civil.