El modelo autonómico

Abstract

En el panorama político español diversas circunstancias, de calado distinto también, han conducido a centrar la reflexión de los políticos y de los juristas en determinados aspectos de nuestra Constitución, y particularmente en uno sustantivo, como es el de la organización territorial del Estado.

Se está dirimiendo una batalla política en la que subyacen conceptos diversos de nación, y de este modo la noción de nación, confusa donde las haya, se convierten en el eje en torno al que gira una de las disensiones políticas más importantes que hoy se vislumbra en España. Pero tal cuestión no es exclusiva de nuestro país.

La cuestión nacional. De la interpretación que se haga de la nación dependerá la configuración del Estado. Pero de lo dicho parece colegirse tres consecuencias. La primera nos conduce a decir que la nación es el sujeto de la soberanía, la entidad soberana en la que residen y de la que emanan todos los poderes del Estado. Una soberanía que no es divisible y que se ejerce sobre todo el territorio del Estado. La segunda, sería que la unidad y la igualdad jurídica de los miembros del Estado parecen querer fundamentar algunos sobre una concepción de la nación como unidad cultural esencialmente homogénea y única. La tercera, supone que, sobre el supuesto de la unidad del Estado y de la igualdad de sus miembros, se asienta la concepción de que la organización y distribución territorial del poder del Estado ha de ser tendencialmente simétrica.

Pero ninguna de estas consideraciones resuelve la cuestión fundamental: la de quién es el sujeto de soberanía, cómo se delimita, en qué se fundamenta esa atribución, qué alcance tiene. Es decir, qué es o cómo hemos de entender la nación.

La Constitución Española de 1978 y los nacionalismos. Nuestro proceso constituyente pretendió la promoción de los principios y valores democráticos, por un largo tiempo preteridos en España, y junto con, o por ello mismo, se propuso la superación tanto del nacionalismo español, del que el régimen franquista hizo bandera, como los nacionalismos particulares que perseguían mediante la independencia la ruptura de la convivencia española.

El ánimo constitucional era tan claro a este respecto que no dudó en utilizar la expresión "nacionalidad" para referirse a las realidades culturalmente diferenciadas que se integraban en España. El constituyente afrontaba el proceso autonómico con una actitud constructiva y activa a favor de lo que se consideraba constitucionalmente el derecho legítimo de cada pueblo de los que integran España a entender en la organización y gobierno de los asuntos propios. Y ese proceso había de realizarse, para cada comunidad, en un grado y ámbito que la misma Constitución y el desarrollo legislativo posterior -en un proceso descentralizador sin parangón- se encargaría de definir.

El Estado autonómico como Estado nacional. Para el autor, el hecho de que la soberanía radique en el conjunto del pueblo español supone dos importantes consecuencias: en primer lugar en la imposibilidad que el ejercicio del poder constituyente se atribuya a una fracción del pueblo; en segundo término, los estatutos de las Comunidades Autónomas no pueden ser considerados manifestaciones constituyentes de un poder político jurídico originario regional; es el Estado quien les atribuye poder jurídico, confirmándoles la eficacia que procura su reconocimiento y poniendo a su disposición la utilización de su poder coercitivo.

España como nación. El pluralismo político territorial no pone en cuestión el espacio político común, la clave constitucional está en la rotunda afirmación de ambos -pluralismo político territorial y espacio político común frente a los nacionalismos de uno y otro signo, el uniformador y el particularista que miran sólo a uno de los brazos que nuestra Constitución pone en equilibrio.

La reforma constitucional. El autor pone de manifiesto dos importantes deficiencias en el desarrollo constitucional que se ha tardado demasiado tiempo en abordar, aunque su dificultad explique en parte el retraso. Una de ellas es la necesidad urgente de articular adecuadamente la participación de las comunidades autónomas en la formación de los órganos estatales, cuestión ésta en la que la reforma del Senado para convertirlo en una verdadera cámara de representación autonómica aparece dotado de una relevancia trascendental. La otra deficiencia consiste en el cierto olvido en el que se ha tenido a las corporaciones locales. Determinadas formaciones nacionalistas han visto con alarma para sus intereses políticos la propuesta y ejecución del Pacto Local que tienda, naturalmente, a afianzar la personalidad política de los entes locales.

La articulación interior de España. No puede reclamarse techos competenciales diferenciados, para afirmar la condición singularizada de la propia comunidad en el conjunto de España, por la misma razón que el Tribunal Constitucional ha aducido para negar la posibilidad de exigir que todas las comunidades tengan la misma competencia, porque "autonomía" significa, precisamente, la capacidad de cada nacionalidad o cada región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias.