La gestión estatal de la violencia y el desempleo

Abstract

En América Latina, la conjunción entre democracia y economía neoliberal da como resultado incremento del desempleo y precarización laboral, con el correlato consiguiente de actos continuos de violencia individual o colectiva. La violencia se incorpora a la cotidianeidad, toma la forma de asaltos, muertes, lucha de pobres contra pobres, secuestros; o protestas de los marginados y desocupados que ruegan atención al Estado. La falta de futuro condena a gran parte de los jóvenes a la salida por el "margen" de la legalidad. La ausencia de un horizonte de largo plazo puede obligar a los individuos a buscar salidas en tiempos mas cortos. El mercado cercena toda posibilidad colectiva de éxito. La adaptación individual y disciplinada a las necesidades del capital sólo aseguran el bienestar para unos pocos, mientras se disuelve toda posibilidad de lucha.

El tiempo pasa a ser una variable sobre la cual los individuos ya no pueden controlar, ya no hay tiempo propio. La pérdida del horizonte temporal de largo plazo no da muchas alternativas, es importante el triunfo en el corto plazo, de lo contrario se corre el peligro de "quedar afuera". La carrera por los lugares posibles es cada vez más desventajosa y los espacios se cierran a medida que aumentan los competidores. Los empresarios cuentan entonces con mayor poder de selección. Las variables a tener en cuenta en para ocupar un lugar de trabajo aumentan con la oferta de trabajadores. Se selecciona en función de la edad, nivel de educación formal, capacidades individuales, postgrados, etc. Se hacen más "empleables" los jóvenes, con postgrados en universidades extranjeras, desideologizados y absolutamente disciplinados a las necesidades circunstanciales de la acumulación de capital y preparados para llevar adelante las premisas indicadas por los organismos internacionales.

La violencia no es sólo un efecto de una sociedad que marginaliza, se impone mediante instrumentos de política fiscal y monetaria, legislaciones dirigidas a hacer más maleable la fuerza de trabajo (flexibilidad), a través de la reducción de salarios a los trabajadores y a los jubilados. El Estado, que "reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima", gestiona políticas dirigidas a someter a gran parte de la población, sin importarle demasiado a los gobiernos la consecuente deslegitimación con ese sector social. Al mismo tiempo, deja de ejercer parte de ese monopolio en el control de las leyes laborales y de seguridad social, trasladando su potencial de violencia a los empleadores, que contratan por fuera de las normas, someten, y esclavizan.

En este trabajo, analizamos la relación entre la violencia en los sectores marginados, y la capacidad estatal de generarla, potenciarla y reimponerla a través de la represión sobre quienes no aceptan las normas de la convivencia democrática de los noventa.