Evaluación ciudadana en un gobierno abierto

Abstract

México, al igual que otros países de Latinoamérica, viven cambios de renovación política, el cual se refleja en que, en el mes de julio pasado, vivió un cambio histórico de partido y de ideología en el gobierno federal y en los gobiernos locales -municipales- que vino a romper la hegemonía política de más de 70 años de un solo partido; lo cual, puso de manifiesto el nuevo y decisivo rol que está jugando la sociedad latinoamericana -y por supuesto mundial- en la configuración de escenarios políticos, económicos y sociales diferentes en sus respectivas naciones que reflejan la necesidad gubernamental de tomar cada vez más en cuenta a la población, sobre todo juvenil, en ciertas decisiones que la afectan o la benefician.

Esto, si bien no es novedoso en un contexto mundial, para algunas naciones latinoamericanas si lo es, sobre todo porque ahora observamos una ciudadanía que esta participando e impulsando la configuración de gobiernos abiertos, más atentos a las demandas ciudadanas, dispuestos a estimular su participación en algunos de los aspectos del quehacer gubernamental y administrativo, y en cierta medida a permitir la "evaluación" social en su actuación; todo ello, por la sencilla razón de que significan votos y porque, en términos reales, el ambiente político es cada vez más competido.

Caso concreto de la nación mexicana, es la experiencia que ha estado desarrollando en la última década para incorporar la participación ciudadana en un aspecto relevante de la administración pública: el control y vigilancia preventiva de las obras públicas que se ejecutan con recursos federales y estatales, a través de la figura de los COCOCOVIS; es decir, de los llamados Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, los cuales son electos de manera democrática en una asamblea general constitutiva para fungir como órganos auxiliares del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Pública: modelo de control y evaluación que ha instrumentado el propio gobierno, para vigilar y supervisar la buena marcha del ejercicio administrativo.

Derivado de ello, en los últimos años la participación social en el esquema evaluativo de la administración pública mexicana se ha ido incrementando. Ejemplo de ello, es el escenario gubernamental que se vislumbra a corto plazo, donde en un enfoque político, además de administrativo, los gobiernos abiertos y de mayor pluralidad que se están configurando pretenden ahora ampliar el programa de contraloría social a la diversidad de trámites administrativos que tienen que realizar, a la evaluación de los servicios públicos que recibe y a la supervisión y vigilancia de las acciones de bienestar social que el gobierno proporciona a la ciudadanía. Este será, sin duda, el escenario que estaremos viviendo -que de hecho ya vivimos en algunas naciones- en gran parte de los países de Latinoamérica, sencillamente porque ahora, no solamente se les adjudica una visión clientelar de los servicios gubernamentales, sino también se les observa y estimula su participación en una connotación más política: significan votos, por supuesto.