Proceso constituyente y bases para una democracia participativa

Abstract

El proceso político constituyente que ha estado viviendo Venezuela, se desarrolla en el contexto de la crisis institucional vivida por nuestro sistema político, que imponía cambios que facilitaran la flexibilidad necesaria para la adaptabilidad a las nuevas realidades y tiempos; y hacía imperativa la reforma del Estado y, en especial, el cambio constitucional.

Como respuesta a los sucesos de febrero se designa, en junio de 1989, una Comisión Bicameral que estudia la reforma constitucional, para producir una tercera enmienda, lo que cambia a propuesta de reforma general, la cual se presenta formalmente en marzo de 1992, después del intento de golpe de febrero; la discusión se frustra en septiembre de ese año. Por su parte, el Congreso que se instala en 1994, nunca asume la continuación de esa discusión, lo que contribuye a un escenario electoral complejo, en 1998, y al triunfo de la bandera de la Asamblea Nacional Constituyente.

En 1999 con la convocatoria de la Asamblea, se despeja la interrogante acerca de su viabilidad, siendo determinante para ello dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, producidas en enero, que le dan base de legalidad y de constitucionalidad a la convocatoria del referendo. La votación favorable del 25 de abril, permite la realización de las elecciones constituyentes y la instalación de la Asamblea.

La primera discusión se da sin premura y concierto grado de participación ciudadana, en parte promovida por la Asamblea, pero la segunda resulta apresurada y atropellante, produciendo un texto defectuoso, aunque con avances en su contenido (lista de derechos); no se utiliza el lapso previsto en las bases comiciales, y el pueblo aprueba la Constitución el 15 de diciembre, pero ella es publicada quince días después, sin exposición de motivos, la que es publicada en marzo de 2000, conjuntamente con el texto constitucional corregido.

Luego de la aprobación, la Asamblea dicta actos constituyentes, lo que continúa después de la promulgación hasta el cese de sesiones el 30 de enero, dando origen a un régimen transitorio, hegemónico, excluyente y controvertido, no previsto en la nueva Constitución y de dudosa jurisdicidad, pero legitimado por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con débiles fundamentos de supraconstitucionalidad, fase que se prolonga como consecuencia de la suspensión de las megaelecciones, las cuales se realizan el 30 de julio, poniendo fin a la transitoriedad.

No obstante, el texto constitucional contiene bases para una democracia participativa, cuyo desarrollo dependerá de la conducta de los gobernantes y de la sociedad organizada; lo que amerita superar la incertidumbre de la transitoriedad, desarrollar la legislación y estabilizar las instituciones, en el marco de una nueva dinámica disenso-consenso.