Accountability societal y regulación de servicios públicos en Argentina : los "tarifazos" en aguas y teléfonos y la intervención del ombudsman

Abstract

En el marco de una profunda crisis de legitimidad que afecta al Estado en su relación con la sociedad civil, gobierno y oposición acordaron -mediante la reforma de la constitución de 1994- la creación de diversos mecanismos de accountability que pudieran canalizar la participación ciudadana como mecanismo de control y regulador de posibles conflictos emergentes. Una de estos problemas con posterioridad a la reforma del estado en Argentina, se refiere a la protección de los usuarios de servicios públicos ofrecidos en condiciones monopólicas y a la fortaleza o debilidad de los mecanismos estipulados legalmente para garantizar una regulación eficaz por parte del gobierno.

Entre estas nuevas formas de participación social, una nueva institución -el ombudsman- se convirtió en un actor clave en el medio de los conflictos suscitados con motivo de los incrementos tarifarios en servicios públicos domiciliarios como agua y teléfonos, y en cuyos casos las características de los compromisos regulatorios establecidos en el momento de la privatización entre el gobierno y las empresas, debilitaron la posterior capacidad regulatoria del Estado.

La gran cantidad de reclamos efectuados por los ciudadanos y usuarios ante este nuevo órgano de control y el alto grado de conflictividad en las políticas regulatorias aplicadas por el gobierno, no sólo otorgaron a esta institución una configuración institucional volcada fuertemente hacia la defensa de los ciudadanos en su calidad de usuarios y consumidores, sino también otorgaron un alto grado de exposición y visibilidad pública a la actuación de la institución. Sin embargo dicha configuración institucional observa ciertas limitaciones en su diseño institucional y débiles instrumentos legales para intervenir efectivamente en la protección de los derechos de los ciudadanos. El objetivo de este artículo es evaluar el desempeño institucional del Defensor del Pueblo de la Nación y las restricciones político-institucionales que este órgano enfrenta para constituirse en un órgano de accountability entre los ciudadanos y el Estado.

El desempeño del DPN se analiza a través de dos dimensiones de la accountability en las poliarquías -societal y horizontal-. Con respecto a la primera dimensión se considera la relación del ombudsman con las asociaciones de usuarios, a través de la cual se caracteriza a la institución como una organización "abierta" y que facilita el traslado de los problemas de los usuarios de servicios públicos frente a otras organizaciones. Para analizar la segunda dimensión, se tomaron dos casos testigos -los "tarifazos" en aguas y teléfonos entre los años '97 y '99- a fin de reconstruir el juego de presiones y las restricciones institucionales en las que operan el ombudsman y otros actores involucrados en la problemática. Se analiza la debilidad de la relación del DPN con el Congreso, dada la escasa repercusión que tiene la actividad del ombudsman en esa Institución y la utilización del amparo colectivo como un nuevo mecanismo de acción ciudadana consagrado formalmente en la Constitución reformada de 1994.