Democracia y participación vs. Areas de Desarrollo No Controlado (ANC) y pobreza : un dilema aún por resolver

Abstract

Los modelos y estrategias de desarrollo económico implementados en Venezuela a partir de 1920 (etapa petrolera) caracterizados por una centralización y concentración de la población, las actividades económicas y los recursos económico-financieros, conforman, la génesis estructural en la que se fundamenta el acelerado proceso de urbanización, producto de los flujos migratorios, así como constituyen el germen que explica el surgimiento de las hoy llamadas Areas de Desarrollo no Controlado (ANC) popularmente conocidas como Barrios.

En Venezuela la población se incrementó de cinco millones de habitantes en 1950 a quince millones en 1980, hasta alcanzar los 23 millones en 1998. El grueso de este descomunal crecimiento de población tuvo lugar en los centros urbanos.

Venezuela, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, alcanzó una elevada tasa de urbanización en muy poco tiempo (48% en 1950, 73% en 1970, 80% en 1981 y 93% en 1998), impulsando una acelerada formación de asentamientos urbanos precarios.

La crisis fiscal, el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y la inconmensurable deuda externa condujeron a estas economías, en mayor o menor grado, a intensos procesos de estancamiento e inflación en la última década, los que se convirtieron en los mas graves obstáculos a superar, para poder conducir estas economías hacia verdaderos procesos de desarrollo sustentable y con base en la justicia social.

No se trata, pues, de desmantelar el estado, sino de redimensionarlo y redefinir sus competencias y funciones, en el marco de la globalización, y adelantar la implementación, paulatina, de un modelo institucional y territorial apropiado y en función de las limitaciones y potencialidades que presente cada ciudad en particular y, cuya filosofía deberá sustentarse en el cambio de la visión cortoplacista, que ha prevalecido en las últimas décadas, por uno con visión de largo plazo, basado en la participación a través de asociaciones y/o alianzas estratégicas que permitan la incorporación de los pobres y excluidos. La incorporación de éstos al proceso productivo, que les permita acceder a un empleo remunerado y a un hábitat adecuado, constituye la clave fundamental para poder hablar de desarrollo sustentable y de justicia social.

Esto último, se convierte en una condición sine qua non, ya que mientras más del 60% de la población que vive (o sobrevive) en nuestras ciudades permanezca en situación de pobreza extrema, mal puede hablarse de democracia, desarrollo y justicia social.

Este nuevo modelo que incorpora cualidades político-territoriales, económicas y sociales deberá sustentarse legalmente y ser aplicado con flexibilidad, pero con rigor y permanencia