La descentralización política administrativa en Panamá : una experiencia

Abstract

Se reseña la experiencia panameña en materia de descentralización política administrativa. Se describe el marco legal municipal, se hace referencia a la situación actual de los municipios en los aspectos financieros, socioeconómicos y administrativos, se comentan las medidas adoptadas para mejorar la situación, y se plantean algunas recomendaciones sobre el tema.

La Constitución Política de 1972 establece la normativa que rige en materia municipal en Panamá. Este marco legal contempla los elementos esenciales que conforman la implantación de entes autónomos que promuevan el desarrollo local con la participación ciudadana. Los elementos esenciales del mismo son los siguientes: 1) elección directa, por sufragio universal, de Alcaldes y Representantes de Corregimiento; 2) capacidad para dictar reglamentos, regular su organización interna y la de los servicios municipales; y 3) mecanismos para la participación ciudadana en órganos como las Juntas Comunales y Locales y en forma directa.

Las provincias en Panamá abarcan un total de 67 municipios, que a su vez se dividen en 511 corregimientos. En cada Municipio funcionan los Consejos Municipales y las Juntas Comunales y Locales. El 70% del presupuesto municipal se distribuye entre los 5 distritos más grandes del país, que a su vez poseen mayor actividad económica. El desglose presupuestario indica que el 60% se dedica a servicios personales, el 25% para compras y subsidios y sólo el 15% se canaliza hacia inversiones. El escaso nivel de actividad económica obliga al Estado a subsidiar a 38 municipios en los que reside el 19% de la población ocupando un 56% del territorio nacional. Los índices de desempleo son elevados, la baja escolaridad y la pobreza extrema es un problema evidente en estos municipios.

La situación institucional de los municipios adolece de serias fallas, entre las cuales se destacan las siguientes: falta de actualización de la estructura tributaria y en los métodos de recaudación; los procedimientos administrativos no han sido establecido bajo estudios formales; y se carece de un diseño de la organización institucional. Por otra parte, en materia de zonificación urbana los permisos son entregados sin referencias adecuadas, el personal tiene una escolaridad muy baja, y en materia de servicios públicos existen limitaciones para el suministro rentable de los mismos a las comunidades en gran parte de los distritos rurales.

Con el propósito de mejorar la situación se han tomado medidas dirigidas a aumentar la transferencia de recursos por distintas vías y se ha procurado establecer una coordinación más ajustada del proceso de descentralización. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la falta de preparación de los gobiernos regionales y locales para asumir nuevas competencias y responsabilidades, puede impedir que se alcancen los objetivos económicos y políticos de la descentralización. Por lo tanto, los esfuerzos deben estar sustentados en una Política nacional que conduzca hacia la autonomía municipal, que facilite un cambio de índole cultural en las autoridades y en las comunidades. C.S.