Ecuador, la descentralización y la Constitución de 2008

Abstract

Con la Constitución de 2008, Ecuador entró nuevamente en el camino de la reforma institucional. El objetivo debió ser la reconformación del modelo económico y político para que reemplace las relaciones conflictivas entre niveles de gobierno por relaciones cooperativas, establezca formas participativas de producción económica y decisión política, y desarrollar conciencia y valoración de su participación en la nación.

La Constitución hizo un avance sustantivo al determinar competencias exclusivas, que permitan atenuar la sobreposición entre niveles de gobierno, precisar funciones, bajar el nivel de intolerancia a la coexistencia de niveles de gobierno y preparar condiciones de rearticulación cooperativa entre organismos.

Las regiones, las provincias y las ciudades con sus entornos agrarios son las nuevas formas en que reside el Estado y se configura a la nación. Son los nuevos asientos de la democracia. Las ciudades, las provincias y las regiones deben construirse como territorios cada vez más democráticos siendo escenarios de nuevas coaliciones público / privadas dentro de una modalidad mixta de gestión pública en todos los niveles de gobierno. Asimismo, las autoridades deben sustentar su legitimidad en la cercanía administrativa con la gente, para poder liderar los procesos que requieren de sus consensos. El Régimen Territorial de la Constitución deberá concretarse como una estrategia de descentralización que, basada en el derecho autonómico, sea precisa, transparente, gradual, progresiva, participativa y respetuosa de los procesos subnacionales para que, en el marco de un Estado unitario, diverso y solidario, se estimule a la cooperación intergubernamental.

Sin embargo, se ha fetichizado la capacidad de cambio de la institucionalidad de la descentralización. Se suele calificar al proceso de descentralización como un fracaso. Lo cierto es que la descentralización no ha tenido tiempo para instalarse en las estructuras administrativas de los territorios y en las culturas institucionales de los ciudadanos. La crítica reductiva de la descentralización propone solamente a la regionalización como respuesta. La pretensión es que el reordenamiento territorial salga en auxilio de la democracia en dificultades, provocando un nuevo orden local / regional y una nueva articulación del poder nacional.

Los componentes clásicos de la descentralización representación política, capacidad normativa, fiscalidad, estructuras administrativas- son opacados por el discurso de reordenamiento territorial. Los planteamientos de reforma estatal vía reordenamiento territorial parecen reducirse a la redistribución fiscal y la creación de nuevos distritos electorales. Existe el convencimiento de que las fuentes del poder están ligadas a la disposición territorial y que el poder regional se desarticulará mediante el reordenamiento territorial, para lo cual es imprescindible modificar / redefinir a la institucionalidad intermedia, esto es, sustituir a las provincias por las regiones.