La responsabilidad del Estado: importancia del derecho y la práctica administrativa pública

Abstract

Recuperar la importancia y trascendencia del binomio Derecho-Administración Pública, puntualizando algunos aspectos de los múltiples y permanentes vínculos entre ambas disciplinas y prácticas, que nos reiteran la urgencia de continuar trabajando en la construcción de un Estado Democrático de Derecho en América Latina, particularmente en el sector público.

De lo que se trata es destacar que un régimen legal-racional debe centrarse, para su viabilidad, en dos aspectos de la vida en sociedad que resultan cruciales: la Ley y las Instituciones. Estas últimas posibilitan su funcionamiento en razón de la predisposición que muestren hacia el Derecho que acompaña a la sociedad, a los ciudadanos y particularmente a los servidores públicos.

El enfoque de un Estado Democrático de Derecho en la Administración Pública, se denomina así, precisamente, para diferenciarlo de sistemas políticos con otro tipo de regímenes; no es extraño encontrar, en nuestros días, Estados dictatoriales o autoritarios, despóticos, que poseen otra visión, señaladamente, la de ejercer el poder desde la cúspide: unilateralmente, discrecional o arbitrariamente, orientados más por la voluntad individual de quien o quienes mandan, que por las leyes e instituciones.

Como un ejemplo de esta atadura entre el Derecho y la Administración Pública, podríamos afirmar que sería imposible materializar un mandato, hacerlo realidad, de no contar con el aparato público que lo regule, lo vigile o lo obligue, no obstante que sea insuficiente o imperfecto.

En todo sistema democrático la legitimidad para gobernar contiene cuando menos tres aspectos a los cuales es menester responder, y hacerlos corresponder, dadas las condiciones y circunstancias que sustentan la relación entre el Derecho y la Administración Pública. A mi parecer estos aspectos son:

El procedimiento de acceso al Poder Público bajo el principio de la representatividad mediante elecciones confiables, directas y/o indirectas, reguladas dentro de un Marco Jurídico previamente consensuado y aplicado con éxito a través del tiempo, lo cual asegura su perfectibilidad.

El ejercicio de la autoridad sujeto a la observancia de normas constitucionales, legales, reglamentarias y administrativas, cuya omisión, elusión o evasión, conllevan efectos directos sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos, consecuencias previstas en el y/o las estructuras legales establecidas para tales fines.

Los resultados a tiempo, en forma y calidad de la acción pública gubernamental, por sí misma o en combinación con intereses económicos legítimamente organizados con grupos sociales configurados conforme a Derecho o con los ciudadanos en lo individual. Todo este entramado de cooperación ha de estar ordenado, de tal manera, que obligadamente conlleven a garantizarse los objetivos del interés general o público.