Estado y políticas públicas: la calidad y gestión regulatoria en el Ecuador

Abstract

La Reforma democrática del Estado, inicia con la Constitución de la República del Ecuador de 2008, convirtiéndose en el insumo de la estrategia de transformación y recuperación del Estado para el Buen Vivir de la ciudadanía y la recuperación de lo público; es así que, el Estado recupera las principales capacidades de acción estatal: rectoría, planificación, regulación y control.

En este sentido, la regulación y control es una herramienta poderosa de intervención estatal para fortalecer su rol activo, su papel interventor y regulador en la economía, y su rol planificador no estatalmente centralizado, para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos respondiendo a los principios constitucionales.

El gobierno ecuatoriano considera fundamental conformar un sistema de gobernanza regulatoria eficiente con lo cual resulte fortalecida la capacidad de gestión regulatoria, por tanto, es un pilar establecer políticas públicas regulatorias, apoyadas en herramientas y arreglos institucionales para precautelar los derechos y beneficios para la sociedad, reduciendo los riesgos para los ciudadanos, manteniendo al mínimo posible los costos asociados a ella y cumpliendo los objetivos y metas gubernamentales.

Para lo cual, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo inició en noviembre de 2012, un diagnóstico basado en la metodología aplicada en los países de la OCDE para medir su capacidad de gestión regulatoria, identificando los factores críticos en el diseño, formulación, adopción e implementación de las regulaciones, proponiendo tres líneas estratégicas que incorporan las mejores prácticas internacionales: mejorar la calidad de las nuevas regulaciones, revisar y simplificar la regulación existente y, generar una cultura regulatoria.

El programa para conformar un sistema de gobernanza regulatoria requiere procesos a mediano y largo plazo, con el cual se obtendrían los siguientes resultados: compromiso político, rol efectivo de las instituciones reguladoras y de control, mejoramiento de la regulación basada en riesgo y formación de servidores públicos en gestión regulatoria.

El proyecto requiere de fuerte apoyo político y voluntad importante para hacer cumplir la agenda de reformas. Esas condiciones son fundamentales para el éxito a futuro, esperando que contribuyan positivamente a la discusión en el Ecuador y una implementación sostenida a lo largo del tiempo.