Los servicios públicos en el territorio como garantía de derechos

Abstract

Esta ponencia plantea la importancia de que el Estado preste servicios públicos para garantizar los derechos de la ciudadanía. Se analiza la importancia del análisis socio histórico basado en elementos de discriminación presentes en la época colonial, basados en las diferencias étnicas y relaciones de poder, como también en la consolidación de la república. Estas especificidades históricas del territorio ecuatoriano, se expresan en claras desigualdades y brechas entre la población, tanto en acceso a servicios cuanto en distribución de la riqueza y el poder.

Por otro lado, los nuevos preceptos que se planteó en la Constitución de la República, después de realizado un proceso de Constituyente participativo que empezó en el año 2007 y que terminó con la aprobación de la Constitución de República mediante consulta popular en octubre de 2008, son la base sólida que han permitido grandes transformaciones. En este sentido, el Estado aparece para cumplir un rol protagónico para dar respuesta a la demanda social y promover la garantía de los derechos de la población. Para ello se realizará el abordaje de los servicios públicos como medio para efectivizar la política pública en todo el territorio nacional. Este proceso se enmarca en el Estado Constitucional de derechos y justicia, como también en los lineamientos de la transformación democrática del Estado.

La recuperación del Estado, implica una nueva forma de hacer gestión y de responder las necesidades de la población en todo el territorio ecuatoriano. Los procesos de desconcentración como de descentralización cumplen un rol fundamental para transformar la vida de la población. La generación de nueva normativa, de nueva política pública tanto a nivel local como nivel nacional requiere de procesos de coordinación y articulación para que el Estado cumpla con el fin último de garantizar los derechos de la población y generar cambios en la vida de la población.

La desconcentración es un proceso que afianza la redistribución del poder y la democratización; se define la zona de planificación del Ejecutivo que tiene como uno de los objetivos armonizar y coordinar las intervenciones públicas sobre una misma base territorial, el distrito administrativo como una unidad territorial para la prestación de servicios públicos correspondiente: un cantón, o varios cantones; y, el circuito administrativo como la suma de varios establecimientos en un territorio determinado que forman una red articulada a través de los servicios que se ofertan. En este sentido se examina el modelo de gestión del Ministerio de Salud y su rol en la prestación de servicios públicos de calidad mediante su desconcentración en distritos y circuitos.

La prestación eficiente de servicios públicos como parte del proceso de desconcentración, se convierte en la herramienta que el Estado utiliza para garantizar los derechos a la ciudadanía y de esta manera cumplir con el mandato constitucional sin discriminaciones de ninguna índole con el objetivo de cerrar esas brechas, permitir la movilidad social y garantizar el principio de la igualdad.