Los procesos de evaluación en Colombia: experiencia para compartir

Abstract

En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de su Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (DEPP), trabaja continuamente en la búsqueda de mejores prácticas y nuevos retos que fortalezcan los componentes de Monitoreo y Evaluación del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA). El componente de Evaluación desarrolla el concepto de Evaluaciones Efectivas en las cuales se persigue la certeza de que sus resultados y recomendaciones son útiles para la toma de decisiones de política pública. Éste concepto tiene como esencia la herramienta de la cadena de valor, donde a partir del conocimiento de la política pública través de sus eslabones (insumos, procesos, productos, resultados e impactos) se establecen las necesidades, hipótesis y alcance que tendrán las evaluaciones. Cabe resaltar que una virtud de las evaluaciones efectivas es la participación activa de los actores involucrados durante todo el proceso evaluativo lo que ha generado la implementación rápida de recomendaciones de la evaluación ya que estos actores la legitiman gracias a su cercanía con la evaluación Así, desde 2010 la Dirección trabaja bajo un proceso estándar que inicia con la identificación y selección de las evaluaciones a realizar hasta el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la evaluación. El desarrollo de los procesos en materia de evaluación representa un hito en cuanto que la parametrización de los procesos permite la generación de guías e información tanto metodológica como técnica para que entidades del nivel nacional, departamental y municipal así como ciudadanía en general entienda e inicie el camino hacia la valoración de las políticas públicas que se implementan en sus territorios. En este contexto el proceso denominado Evaluaciones de Políticas Estratégicas se encuentra integrado por cinco subprocesos, cada uno de estos reconocidos como fases de la evaluación. De esta manera, el proceso empieza por la selección o definición de la agenda de evaluaciones, la cual es el resultado de un proceso participativo que lidera el DNP a través de la DEPP, en el cual se ponen a consideración las posibles evaluaciones a los planes, proyectos, programas y políticas estratégicas para el Gobierno Nacional mediante el trabajo conjunto de las direcciones técnicas del DNP y los sectores. Una vez se surte un proceso de discusión al interior del DNP, la agenda de evaluaciones se presenta al Comité Intersectorial de Evaluación de Gestión y Resultados (CIE), el cual, es una instancia para establecer las prioridades de evaluación de programas, aprobar las metodologías y su alcance, y considerar los resultados que puedan contribuir a mejorar los procesos de formulación de políticas. (Ley 1151 de 2007 (julio 24) por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Artículo 132). Seguido de la definición de la agenda, se procede a hacer el diseño de la evaluación. En esta fase se pretende obtener un entendimiento común de la política pública a evaluar mediante una herramienta como la cadena de valor, la cual, a través del desarrollo de sus eslabones, insumos, procesos, productos, resultados e impactos, entrega al evaluador información clave del deber ser del programa. Una vez desarrollado este entendimiento común, se define la cadena de entrega, los cuellos de botella, la hipótesis, alcance y metodología de la evaluación. Finalmente, de acuerdo a esto se define cómo debería estar integrado el equipo de trabajo para proceder a realizar un costeo general del proyecto de evaluación. La contratación, es la fase en la que se definen los términos de referencia y se adelanta, mediante un proceso competitivo, la selección de una persona natural o una firma consultora. La selección de los encargados de realizar las evaluaciones está relacionada con la fuente de los recursos implementados para la financiación de la misma. Por lo que se entiende que dependiendo del origen de los recursos estos determinan la modalidad de contratación de los encargados de realizarlas. La ejecución, es la fase donde se adelanta el proceso de perfeccionamiento de la metodología a desarrollar, trabajo de campo, recolección y análisis de información. Por último, el uso de los resultados, es la fase en la cual se busca la socialización de los resultados de las evaluaciones a través de los canales oficiales, de tal forma que estos sean conocidos por los tomadores de decisión y los grupos de interés y sirvan de insumo para la retroalimentación del ciclo de la política pública, para esta fase se realiza un acuerdo con los ejecutaros de las políticas con el fin de garantizar que las recomendaciones derivadas de la evaluación se implementen en mejores prácticas y contribuyan al mejoramiento de las intervenciones. Cada una de las anteriores fases es el producto del trabajo en equipo entre la entidad(es) ejecutora(s), la dirección técnica correspondiente del DNP y la DEPP. De esta manera desde 2006 se han finalizado 52 evaluaciones lideradas desde SINERGIA y se ha recopilado 241 ejercicios valorativos liderados por entidades académicas, centros de investigación, entidades públicas, entre otros, que tenemos en nuestra base de datos llamada Radar de Evaluaciones de Sinergia. Cabe destacar, que si bien existe un proceso estándar para garantizar que las evaluaciones sean efectivas para retroalimentar el ciclo de la política pública, la Dirección cuenta con un amplio portafolio de metodologías de evaluación las cuales responden a las necesidades propias de cada intervención y que son definidas en las fases iniciales del proceso pero nunca antes de la selección de la evaluación. Adicionalmente, la DEPP, a través de cooperaciones técnicas, ha sido sujeto de aportación por parte de distintas instituciones y organizaciones estatales e internacionales encargadas del mejoramiento de las metodologías de evaluación de políticas públicas. Un claro ejemplo de esto sería el programa Peer to Peer, elaborado por el Reino Unido y patrocinado por el Banco Mundial, a través del cual se garantiza un marco institucional para el control, el seguimiento y la implementación de las políticas públicas, principalmente, aquellas relacionadas con la provisión de servicios públicos.