El personal al servicio de la administración de justicia: un pilar esencial en el Estado social y democrático de derecho

Abstract

El derecho a la tutela judicial efectiva es el presupuesto y garantía de los demás derechos constitucionales, lo que significa poner de manifiesto su valor como motor esencial del desarrollo de la Constitución y la democracia en un Estado social y democrático de derecho como el español.

Han pasado casi 32 años desde que el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, decidió garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos a través de la Justicia, encomendando a los Poderes Públicos su puesta en marcha para hacer efectivo el derecho.

32 años desde que comenzó su andadura la Constitución, cuando todo el pueblo español decidió iniciar la apasionante aventura de vivir en libertad y democracia.

En este tiempo, España ha acometido dos reformas fundamentales: la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 2001 suscrito por los principales partidos políticos de nuestro país.

Reforma que podemos conceptuar, hoy en día, de inconclusa, aunque en ella se establecían los principios, objetivos y procedimientos que debían conformar el nuevo modelo de la justicia del siglo XXI: rapidez, eficacia, calidad y accesibilidad para los ciudadanos.

Como consecuencia de este Pacto se dictó la Ley 19/2003, de 23 de diciembre de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Pero, a pesar de ésta reforma, la Justicia, en España, no funciona como los ciudadanos demandamos, entre otros factores, porque la misma no ha ido acompañada del esfuerzo presupuestario correspondiente y de su necesario desarrollo, a la vista de los datos estadísticos publicados por el Consejo General del Poder Judicial.

Los poderes públicos deben impulsar medidas que vayan más allá de las reformas realizadas en 1985 y 2003 para corregir los errores detectados y adecuar, de una vez por todas, la Justicia a un modelo de Estado democrático maduro y avanzado, propio de nuestros tiempos. La reforma de la Oficina Judicial es un factor esencial en esta tarea.

Se trata, en definitiva, de modernizar y adecuar a las necesidades de los ciudadanos, el servicio público de justicia.

Por tanto, en este momento, debe realizarse un ejercicio de responsabilidad y generosidad por parte de todos los Poderes públicos y de los actores que intervienen en la Administración de Justicia. Un ejercicio que excluya la agresión y ponga a todos en el mismo objetivo: conseguir una Justicia de calidad para el ciudadano.

No debemos escatimar esfuerzos. Los Poderes Públicos tienen la responsabilidad de construir una justicia que realmente lo sea. Porque ese es unos de los fundamentos de la construcción democrática.