La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico como instrumento para la promoción de la ética y la transparencia gubernamental

Abstract

La Ley Número 12 del 24 de julio de 1985 creó la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Esta agencia tiene entre sus poderes el solicitar y examinar los estados financieros de los candidatos y ocupantes de los puestos públicos de mayor jerarquía en dicho país. Asimismo, la Oficina tiene el poder de crear reglamentos para promover el comportamiento ético de los empleados y funcionarios públicos, así como el de requerirle a estos, un mínimo de diez horas de educación continua en áreas relacionadas a la ética gubernamental en un período de dos años.

De igual forma, la Oficina está dotada de poderes de investigación y adjudicación. Esto le capacita para investigar querellas sobre alegado comportamiento ilegal o anti - ético de funcionarios y empleados públicos que se le traigan a su atención o que descubra como parte del análisis de los documentos financieros y legales de los aspirantes u ocupantes de puestos públicos. Asimismo, desde su fundación, esta agencia gubernamental ha ido aumentando su poder de imponer multas y otros remedios para enfrentar la conducta antiética de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo de este país caribeño. Así por ejemplo, entre el 2006 y el 2008, esta agencia llegó a imponer multas de hasta $20,000 dólares por violación a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico. De igual forma, la agencia ha utilizado otros remedios cuasi - judiciales adicionales para combatir la corrupción y el comportamiento antiético en el sector gubernamental del país.

En esta ponencia se abordan los poderes y la jurisdicción de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico y se evaluará su rol como instrumento para promover la ética y la transparencia en el servicio público.