Propuestas para la mejora de la gestión de las personas y los servicios públicos en las administraciones públicas españolas: diálogo social 2010-2012

Abstract

Desde la entrada en vigor del la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales españolas, se marcan el objetivo del desarrollo del mismo en las múltiples tareas que en el mismo se recomiendan, tales como la puesta en práctica de sistemas de evaluación de desempeño, que serán la base de la conformación de los sistemas de carrera vertical y horizontal de los empleados públicos en todas las Administraciones, así como para la determinación de sus retribuciones, así como la reordenación del empleo público (ofertas públicas de empleo, consolidación, promoción interna, etc.), la mejora de las condiciones de trabajo e igualdad, la ordenación de los Recursos Humanos y el reforzamiento de los derechos sindicales y favorecer los cauces de negociación colectiva y el sistema de retribuciones.

Este reto se realizará mediante el establecimiento de un proceso de negociación colectiva, muy complejo, ya que el mismo afecta a todos los niveles de las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Local), que ha tenido sus etapas, más o menos proclives al acuerdo, en función de los responsables políticos de los diferentes gobiernos, y todo esto además, en el marco de una fuerte crisis económica y por tanto en una contención importante del gasto público, lo que evidentemente da más valor a la consecución en este acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sindicales mayoritarias, para este periodo de 2010-2012.

Otra de las consecuencias importantes de este acuerdo, será la mejora en general de la prestación de los servicios a la ciudadanía, ya que se toman medidas que favorezcan la sostenibilidad medioambiental, la ampliación del acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y el impulso a los sistemas de evaluación de la calidad en los mismos.

En definitiva, el haber conseguido un acuerdo en todas estas materias entre el Gobierno y los sindicatos beneficia a los ciudadanos en general y a los empleados públicos, en particular en la mejora de sus condiciones laborales y personales, lo cual redunda en una mejora de la gestión de todas las Administraciones Públicas en unos momentos difíciles para todos.