La formación continua y la actualización permanente de los conocimientos y capacidades de los empleados públicos, un derecho y una obligación
Abstract
En el ámbito de las Administraciones Públicas españolas, desde el año 1995, se han suscrito cinco acuerdos de formación, el último con vigencia indefinida, que se ha firmado el 22 de marzo de este mismo año. Actualmente nadie pone en duda el Derecho del empleado público a recibir formación cualificante, es una situación consolidada ya en las Administraciones Públicas españolas. Unos 2.400.000, han recibido formación profesional con resultados altamente satisfactorios, Como veréis la formación para el empleado público en España goza de buena salud actualmente. El Derecho a formarse está legislado como Derecho colectivo, consolidado en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Como Derecho individual ejercido en forma colectiva, posibilita la negociación y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. La participación en la planificación, programación e implantación de la formación, la tiene asegurada a través de las 21 Comisiones Paritarias de Formación con competencias de negociación. ¿Y que decimos del Deber de formarse?, es un Deber general, transversal a toda la actuación de un trabajador de las Administraciones Públicas, con absoluta diferencia de lo que ocurre con un trabajador privado. El segundo Deber, tiene como finalidad, íntimamente unido con el anterior, la satisfacción de los derechos e intereses de los ciudadanos administrados. Hay un tercer grupo de Deberes hacia la propia Administración a la que el empleado público sirve, ya que éste ha de procurar "el cumplimiento de los objetivos de la organización". En este mismo nivel se sitúa otro Deber, como es el de la diligencia en el cumplimiento de la prestación de servicios encomendada. La tendencia a la privatización en la gestión de los servicios públicos, o simplemente la reducción de este sector, La privatización es fundamentalmente desmontar el estado, para dejar servicios impartidos por el estado en manos privadas. Los servicios públicos garantizan a toda la ciudadanía unos mínimos materiales (educación, jubilación, desempleo) y la protección social más básica (sanidad, justicia, fuerzas de seguridad) además lo hacen al margen del mercado, anteponiendo criterios sociales (acceso universal y trato igualitario) a la obtención de beneficios, sin excluir a nadie. El Servicio Público es algo tuyo, defiéndelo. El Derecho a la formación es evidente, el Deber de formarse es evidente y necesario. Los principios que recoge el Informe Nolan: "Los Siete Principios de la Vida Pública" (1995), No son solo de aplicación a los gobernantes sino a éstos e indistintamente a los Empleados Públicos. Una formación que combine la profesional y la cultural, que centre los parámetros que debe tener su actuación como servidores públicos al servicio de los ciudadanos, dignificará el empleo público y permitirá su defensa por la ciudadanía, tener servicios públicos eficaces/eficientes y fuertes, extenderá la equidad y la justicia entre los conciudadanos. Nos jugamos mucho.