Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del Diálogo Social 2010-2012

Abstract

En la historia de nuestra democracia el diálogo social se ha mostrado como un instrumento especialmente eficiente de progreso y estabilidad económica, política y social y ha demostrado ser uno de los pilares sobre los que hemos cimentado nuestro desarrollo como país.

A lo largo de las dos últimas décadas, en el ámbito de las Administraciones Públicas se han alcanzado un conjunto amplio de acuerdos en materias tan importantes como el Estatuto Básico del Empleado Público, el Plan Concilia o el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado.

En septiembre del año 2009 y en un contexto de crisis económica mundial que España sufre con más virulencia si cabe, e impulsado por la Vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, se alcanza un acuerdo entre el Gobierno y las Organizaciones Sindicales CCOO, CSI-CSIF Y UGT que siendo conscientes de la situación en la que se encuentra el país y buscando esa colaboración que tan buenos resultados ha dado en el pasado, pretende alcanzar y consolidar un nuevo modelo productivo más estable, más eficiente, y más ajustado al mundo en el que vivimos.

Dicho acuerdo incluye cincuenta medidas para crear un nuevo marco de trabajo que sirva de base para elevar la cualificación y productividad de los empleados públicos; medidas para mejorar sus condiciones laborales; medidas para acometer una efectiva reforma de las estructuras administrativas del Estado; medidas para mejorar la prestación de los servicios públicos; medidas, en definitiva, para una administración de mayor calidad que impulse el crecimiento, facilite la vida cotidiana y aumente el nivel de satisfacción de la ciudadanía.

El acuerdo presenta en materia retributiva el compromiso de subir el sueldo de los empleados públicos el 0,3% de la masa salarial en 2010 y una compensación, fijada mediante una cláusula de revisión, que se haría efectiva el 1 de enero de 2012. También incluye una tasa de reposición de la Oferta de Empleo Público no superior al 15% y concentrada en las plazas de sectores estratégicos y prioritarios, así como el compromiso de reducir la tasa de temporalidad hasta un máximo del 8%. ¿

De la Vega también ha avanzado que el Gobierno elaborará una Ley de la Función Pública antes de que finalice 2010, en la que se desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público, y también creará un Observatorio del empleo público para que realice una propuesta de redimensionamiento de plantillas. Además se va a aprobar el Real Decreto de acceso electrónico a los servicios públicos que permitirá a los ciudadanos hacer de forma más rápida sus trámites con la Administración.

Apenas ocho meses más tarde se produce el incumplimiento por parte del Gobierno del citado acuerdo cuando decidió adoptar una medidas de ajuste del déficit público que suponen la ruptura de dicho acuerdo ya que estas medidas implican para los empleados públicos el mayor recorte de derechos salariales y sociales de la historia de la Democracia española y que han provocado una situación crítica acompañada de movilizaciones sindicales entre las que destaca una Huelga General en el conjunto de las Administraciones Públicas del país.