Coordinación de los altos cargos del gobierno mexicano

Abstract

En el Estado mexicano contemporáneo, el Poder Ejecutivo Federal está conformado por diversas dependencias y entidades organizadas política y jurídicamente. Dichas instituciones tienen dos principales tareas. La primera de ellas tiene que ver con la ejecución de decisiones y procesos vinculados a organismos (normativos y administrativos), con la finalidad de regir y gobernar a la federación. La segunda tarea está asociada a la representación política de la sociedad mexicana, gracias a la cual ésta otorga poderes al Poder Ejecutivo Federal (presidente de la República) para ejercer la autoridad política, a nombre y representación suya. Por lo anterior, para observar adecuadamente la integración de las instituciones de la administración pública federal en México es necesario considerar una compleja red de relaciones inter-institucionales de las unidades que la conforman.

Para cumplir con las tareas encomendadas por la ciudadanía, este conjunto organizado de instituciones, al frente de las cuales se encuentran los individuos designados por el presidente, se abocan a la elaboración de normas y tienen la autoridad política o el poder efectivo para generar resultados concretos. Es la interrelación de estos órganos y funcionarios gubernamentales, junto con los medios administrativos y legales a su alcance, lo que hacen efectivas las decisiones para lograr los objetivos propuestos por la sociedad. La Oficina de la Presidencia de la República y el Gabinete (conjunto de Secretarios de Estado/Ministros) es el núcleo estratégico de tales decisiones. Sin embargo, la forma en que se designa a los miembros del gabinete y su trayectoria previa tienen consecuencias inesperadas.

Por ejemplo, la integración heterogénea de las distintas Secretarías de Estado, así como los resultados de las políticas públicas que tienen encomendadas, puede variar en calidad y cantidad de manera no siempre observable. Dadas estas circunstancias, una oficina adscrita a la presidencia parece naturalmente llamada a dar coherencia y coordinación a las acciones encomendadas a la administración pública federal en su conjunto. Se requiere entonces de una organización con el potencial de aplicar acertadamente sus aptitudes y recursos con el fin de lograr las metas colectivas y satisfacer las expectativas ciudadanas.

Las autoridades mexicanas han respondido a este desafío con programas inspirados en los principios de coordinación e integralidad. En virtud de lo anterior, este documento tiene como objetivo analizar la capacidad de la Oficina de la Presidencia de la República (OPR) para coordinar el complicado entramado de programas y políticas de la administración pública federal. El análisis se enfoca principalmente en las relaciones existentes entre diversas dependencias de gobierno y en las características del marco institucional en el que estos actores deben coordinar sus esfuerzos.

Para cumplir este objetivo se analiza la importancia de la coordinación dentro del proceso de las políticas públicas y el desempeño de los gabinetes presidenciales como un factor que es influido por el ambiente externo en que funcionan, así como por su estructura interna y capacidad de organización. También se examinan los postulados teóricos de la coordinación intergubernamental y se describen los mecanismos de coordinación usualmente utilizados por las unidades gubernamentales. Finalmente, se examinan las capacidades de la OPR para el diseño, implementación y coordinación de políticas públicas.

La necesidad de estudiar las políticas y programas intergubernamentales ha generado diferentes aproximaciones teóricas para identificar los elementos que los componen y para entender cómo esos elementos están vinculados. Algunos teóricos han realizado propuestas que privilegian el estudio de las organizaciones públicas, sus conductas y pautas dentro de un programa intergubernamental. Otros implican un acercamiento teórico que se centra más en analizar sobre qué base se toman dichas decisiones y las consecuencias de éstas en todo el entramado intergubernamental.

Como parte de nuestras conclusiones se advierte que los aspectos operacionales de la OPR configuran las características de una agencia que cumple funciones de coordinación especializada, pero que no cuenta con los recursos para el control de los planes sectoriales y regionales, así como del sistema administrativo en su conjunto. Sería conveniente que la coordinación de los planes, programas y proyectos se vuelva entonces una prioridad de la agenda presidencial.