Sobre la implantación efectiva de un código de buenas prácticas de los electos locales

Abstract

Un análisis de los valores éticos transmitidos desde la antigüedad confirma que aunque algunos de sus conceptos no se entienden hoy de la misma manera que hace dos mil años y su denominación ha variado (de llamarles virtudes y vicios se ha pasado a valores y antivalores), en el fondo su esencia no se ha modificado dado que la naturaleza humana continua siendo la misma.

El nuevo modelo de administración postburocrática pretende, además de cumplir meramente con las normas, alcanzar resultados cumpliendo misiones, tareas y objetivos. Así aparece la ética pública como un principio en alza, para lograr comportamientos deseables de forma voluntaria e interiorizada, en pos de una idea de servicio a la ciudadanía.

En nuestro país, tal como sucede en muchos estados europeos y de todo el mundo, se constata un descenso del nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, incluidas las locales. El descubrimiento de situaciones de corrupción o de malversación, con una publicidad a menudo escandalosa, parece decantar el sistema hacia la afirmación generalizada de las mismas.

Por otra parte, los electos se declaran a menudo fatigados, cuanto menos desmotivados. La referida desconfianza de la ciudadanía, unida a la presión y la censura de los medios de comunicación suelen generar la falta de motivación suficiente para poder impulsar la adopción de políticas públicas acordes con los nuevos tiempos.

Particularmente en el ámbito local, la complejidad de la actuación administrativa va unida a una falta de medios exasperante, que ocasiona comportamientos públicos deficientes. Incluso podría afirmarse que el mandato de un electo local empieza a percibirse como algo peligroso. Al desconocimiento generalizado de una normativa cada vez más amplia y compleja por parte de muchos electos, debe añadirse las repercusiones de carácter penal que pueden presentarse de manera habitual, incluso en situaciones de indudable buena fe.

Debemos considerar imprescindible la necesaria recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Por ello se sostiene la adopción de un conjunto de medidas que favorezcan un comportamiento éticamente irreprochable por parte de los representantes electos locales. En este sentido, y trascendiendo en parte el discurso habitual alrededor de las prácticas de buen gobierno, se deben detectar aquellos ámbitos específicos donde existe un riesgo de falta de transparencia y posible captura de la Administración.

Sin consistir simplemente en un breviario de principios más o menos abstractos, la adopción de un Código ético dirigido a los electos locales debería contener la catalogación de un elenco de situaciones administrativas de riesgo, con su correspondiente procedimiento o canal de actuación, acompañada de los procesos de evaluación y control necesarios. Es decir, junto a la plasmación de un Código deontológico debería también formularse un Manual de implantación de buenas prácticas, acompañado de un sistema de validación externa.