Legalidad institucional en la correspondencia electrónica presidencial: derechos y deberes

Abstract

Actualmente, la exigencia ciudadana en el acceso a la información a través de los medios electrónicos, está directamente relacionada con una gestión gubernamental centrada en una ciudadanía pro-activa e informada, por lo tanto preocupada de establecer una legalidad institucional, que regule y norme el correcto uso de las herramientas tecnológicas, las que cada día, están más al alcance de todos.

Es por ello, que nuestro objetivo es mostrar cómo el Gobierno de Chile se ha enfrentado a dicho desafío, implementando normas que establecen un marco legal modernizado, definido y continuo en el tiempo. En el caso de la Correspondencia Presidencial, damos respuesta a tres preguntas fundamentales, el cómo, el por qué y el para qué de la necesidad de este tipo de normativa, intentando con esto comprender los derechos y deberes de cada componente de este proceso, es decir, la relación existente entre el Estado y los ciudadanos.

En virtud de la tendencia mundial sobre el acceso a la información y transparencia, el Gobierno chileno ha entendido que no es posible mantener una comunicación fluida entre la Presidenta y el ciudadano común, sin incorporar estos principios a dicha relación, por lo que ha establecido políticas públicas, tendientes a la probidad administrativa, lo que compromete, sin duda, a la comunicación electrónica presidencial.