Planificar la política de formación en un sistema de gestión por competencias: particularidades de la administración pública

Abstract

La planificación política de la formación de las organizaciones, públicas y/o privadas, debe ser flexible y permitir su adaptación a las novedades que se introduzcan en el entorno en el que interactúa dicha política, y, en todo caso, ha de partir de un adecuado diagnóstico de necesidades al que vincular objetivos e instrumentos que permitan dar respuestas adecuadas a las necesidades. Así, con carácter previo a la realización labor de identificación de requerimientos formativos, sería preciso contar con un modelo de competencias profesionales de los empleados públicos, común a toda la organización, que debiera ser conocido tanto por los responsables políticos como por los propios empleados.

En este sentido, las acciones formativas deben diseñarse a la medida de la organización en la que se insertan, de modo que respondan a las necesidades del modelo de la Administración Pública, de tal forma que exista coherencia entre los requerimientos definidos para cada puesto de trabajo concreto y la formación que se ofrece a los empleados/as que ocupan dichos puestos. De este modo, la herramienta formativa dará los resultados esperados, por cuanto se habrá dirigido a potenciar y mejorar las capacitaciones de los empleados públicos en atención a un óptimo desarrollo de las tareas que contempla cada puesto en la Junta de Andalucía.

El modelo de competencias profesionales debe partir de una descripción detallada de los puestos de trabajo -en el que se desarrolle el catálogo de conocimientos técnicos y competencias genéricas y de carácter específico que van asociadas a cada puesto- de modo que se cuente con un mapa que permita a los responsables de diseñar la política de formación contar con unas premisas técnicas y criterios aceptados por todos, y a los empleados públicos dirigir sus respectivas carreras profesionales siguiendo un itinerario lógico.