Políticas para un empleo público decente en la Argentina: experiencias recientes para la mejora del personal contratado y de carrera en el servicio civil

Abstract

Se da cuenta de la reciente evolución de las políticas de empleo público puestas en acción por el Gobierno federal de la Argentina, presentando sus logros y también sus desazones en esta materia así como una proyección de la agenda estratégica de problemas y políticas hacia el futuro. A nadie escapa la azarosa historia reciente de la Argentina pero también la persistencia con que su pueblo transita la senda democrática, la construcción de un modelo de desarrollo económico solidario y moderno y la inclaudicable voluntad de hacerlo en un marco de plena justicia social. En ello, la ocupación por dotar a la República de mejores instituciones.

En lo concerniente a empleo público, es de resaltar el camino político, jurídico y gremial por la Argentina con la sanción de la Ley N§ 24.185 (1992) que estableció que la relación de los empleados públicos nacionales y sus respectivas organizaciones públicas empleadoras se regiría mediante los acuerdos que celebraran en procesos de libre negociación colectiva bajo el régimen específicamente público consagrado por dicha ley.

Se focaliza primero en la evaluación de una política pública emprendida con fuerza en el 2002 pero que cobró especial avance a partir del 2005. Ella refería a la sustancial mejora en las condiciones de contratación de personas al servicio de la Administración Pública Nacional. Se presentaron sus objetivos e instrumentos así como algunas de las características de las personas alcanzadas y de sus prestaciones laborales para terminar con un balance provisional pero abierto a los nuevos desafíos a atender en los próximos años. No se escapará la trascendencia de dicha política al compás de la tendencia hacia el empleo decente, la reconstitución de los servicios de seguridad y previsión social y el decidido abandono (y rechazo) de las políticas neoliberales de la década de los 90 que flexibilizaron el empleo, y entre éste el público no fue excepción, y precarizaron la vida laboral de miles de ciudadanos y funcionarios.

Por un lado, se detecta la gravísima brecha generacional que se va acumulando en la burocracia civil argentina. Por el otro, el engrosamiento de las plantillas de personal contratado, al que se lo ha beneficiado mediante el ofrecimiento del pase de un régimen de locación de servicios a otro con reconocimiento de la relación de dependencia a término fijo (Decretos N§ 707/05, 2.031/06 y 480/08).

También se da cuenta de las características de esta última (Resolución SGP N§ 48/02) comprendida a partir del 2006 no solo en el alcance de la Ley N§ 25.164 sino del propio Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional (Decreto N§ 214/06).

La ponencia deja vislumbrar la necesidad de encarar urgentemente la proyección razonable de las dotaciones de personal público federal, requeridas por el país y su Gobierno. Ello como marco de la perentoriedad de proceder con la incorporación del nuevo personal, en el marco de procesos concursales exigidos por la Constitución Nacional, la Ley de Empleo y el Convenio citados. Pero más específicamente como expresión ciudadana del pacto republicano a revalorizar con ocasión del Bicentenario de la Independencia Nacional.

Finalmente, se deja establecido desde el inicio, la inspiración teórica y política en la Carta Iberoamericana de la Función Pública (CLAD 2003). El país como signatario de la misma da cuenta mediante ésta, del grado de avance relativo en la aplicación consecuente y coherente de tal suscripción.