Hacia la despolitización y formación profesional de la alta dirección pública en Puerto Rico

Abstract

La Ley 184 del 3 de agosto del 2004, Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público de Puerto Rico, establece que los altos directivos en la mayor parte de las agencias del gobierno de Puerto Rico serán empleados de confianza. Asimismo, plantea esta ley que: "El personal comprendido en el servicio de confianza, según se define en esta ley, será de libre selección, libre remoción y deberá reunir aquellos requisitos de preparación académica, experiencia y de otra naturaleza que la autoridad nominadora considera imprescindible para el adecuado desempeño de las funciones adecuadas al puesto".

Como se desprende de la cita anterior, en Puerto Rico se ha mantenido la designación política de los altos funcionarios de las agencias públicas. Esto, al entender de este investigador, ha tenido efectos devastadores en la administración pública del país. Primeramente, en ocasiones no se nombra o designa al funcionario mejor capacitado profesionalmente, sino el mejor conectado políticamente. Asimismo, se ha dado la tendencia de nombrar altos ejecutivos cuyas experiencias provienen de la empresa privada, por lo que pudieran carecer de conocimientos y experiencias en el área gubernamental. De igual forma, por estar sujetos al vaivén político, cada vez que se da una un cambio de gobierno, se corre el riesgo de perder experiencia acumulada en el puesto o las posibilidades de aprendizaje organizacional. También, algunos de estos oficiales gubernamentales han demandado judicialmente al gobierno por despido injustificado y han ganado altas compensaciones económicas.

El trabajo busca explicar la situación actual de la alta dirección en la administración pública puertorriqueña. Asimismo, pretende establecer un modelo para la profesionalización de la misma a tono con la Carta Iberoamericana de la Función Pública (CLAD/NU DESA, 2004) y la experiencia de otros países.