Las alianzas estratégicas institucionales como factor de apoyo al cambio y a la profesionalización de la función pública

Abstract

La Ley No. 41-08 de Función Pública, de fecha 16 de Enero del 2008, convierte a la antigua Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), en la Secretaría de Estado de Administración Pública (SEAP), a partir de lo cual ésta asume nuevas atribuciones en relación a su interacción con las instituciones de la Administración Pública Dominicana.

Durante muchos años se reflexionó mucho acerca de su debilidad institucional para ejecutar su función rectora. Desde su nacimiento, con la Ley No. 55 del 22 de noviembre de 1965, y luego con la Ley No. 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, del 20 de mayo de 1991, (ambas derogadas), en gran medida quedaba a discreción de las instituciones públicas el darle participación a la ONAP en sus proyectos de reforma, por lo que ésta se limitó a asesorar a aquellas que lo requirieran, y a realizar esfuerzos ingentes por desarrollar la Carrera Administrativa.

El no contar con mecanismos de control que por un lado garantizaran el cumplimiento de las disposiciones contenidas en ambas leyes, y por otro, la existencia de ciertas deficiencias dentro de la misma Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, impedían avanzar en la profesionalización y eficientización de la administración pública dominicana.

Ante esta realidad se hizo imperativo el iniciar un proceso de reforma legal en lo concerniente a la función pública, conscientes de que éste no era el único elemento que garantizaría el cambio, pero sí un medio fundamental para alcanzarlo. Es en este contexto que comienza a materializarse una de las principales alianzas que han apoyado los grandes avances que en materia de función pública se han percibido en la República Dominicana, y que tuvo como resultado la aprobación de la Ley No. 41-08, de Función Pública; organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, instituciones públicas, civiles y militares, sindicatos, asociaciones, gremios, colegios profesionales, prensa nacional, iglesia, encargados de recursos humanos del gobierno, entre otros, los cuales hoy en día siguen muy de cerca el proceso de implementación de dicha Ley.

Este nuevo escenario implicó la redefinición del Plan Estratégico de la Secretaría de Estado de Administración Pública, y de su rol como Organismo Rector de la Función Pública, del Fortalecimiento Institucional de las organizaciones de la Administración Pública y de la Evaluación del Desempeño Institucional, además del diseño y aplicación de nuevas estrategias que coadyuvaran en la implantación de toda la normativa que habría de regir la gestión de las organizaciones públicas. Asimismo, se identificaron varios actores claves considerando su nivel de vinculación y participación en los procesos transversales a la administración pública, con los cuales a su vez se establecieron relaciones de "ganar-ganar".

Dichos actores, a saber, la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, impulsando los planes estratégicos institucionales, Secretaría de Estado de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto, apoyando el desarrollo del subsistema de planificación de recursos humanos, la Contraloría General de la República y Secretariado Administrativo de la Presidencia, garantizando el cumplimiento de las normas, y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, desarrollando el gobierno electrónico teniendo como norte la mejora de los servicios públicos. Cada una de estas organizaciones ha jugado un papel preponderante en esta nueva era de la administración pública dominicana, pues con sus aportes se ha podido avanzar en el desarrollo integral y coordinado de aspectos fundamentales de la gestión pública.