La rendición de cuentas
Abstract
La evolución democrática de las últimas décadas ha dado un giro o, en gerundio, está dando un giro en las relaciones gobierno-sociedad. Esta relación tiende a acercarse cada vez más, haciéndose más intima y simbiótica. Las sociedades buscan nuevos canales de inclusión o de participación; desean medios para juzgar (positiva o negativamente) a los tomadores de decisión que, por medio de sus acciones, configuran y reconfiguran el espacio público. La rendición de cuentas es un (viejo) instrumento democrático para aproximar la relación entre gobierno-sociedad con el fin de conocer, evaluar y sancionar las acciones de los servidores públicos. Sin embargo, esta relación ha perdido su sentido democrático al generar rendiciones de cuentas entre distintos actores de gobierno con el fin de justificarse unos a otros o a sí mismos y dejando, en ocasiones, incapacitada a la sociedad para sancionar las acciones de sus gobernantes. En todo gobierno, la rendición de cuentas debe ser transitiva y subsidiaria e implica necesariamente un marco jurídico y político que se desprende de obligaciones legales y públicas, del principio de legalidad y de un propósito democrático. Se expresa como una relación entre dos actores, en la que uno está formalmente obligado a informar, explicar y justificar su conducta a otro sobre una responsabilidad previamente adquirida, mientras que el segundo delibera, evalúa y sanciona al primero con respecto a esa responsabilidad y cuenta con instrumentos para vigilarlo e incidir en su comportamiento. Se debe aclarar, que este segundo actor no es, necesariamente, los ciudadanos. Éstos entran en la dimensión política de la rendición de cuentas; tienen derechos fundamentales, políticos y sociales que pueden ejercer en todo momento y por todas las vías jurídicas y políticas que tengan a su alcance; y aseguran que la rendición de cuentas vaya más allá del mero control del poder político. Esto no debe confundirse con el debate más amplio sobre la calidad de la democracia. Podemos afirmar que la democracia no podría contar con una base sólida para su consolidación en el largo plazo sin un sistema de rendición de cuentas que contenga estos rasgos mínimos, pero se trata de conceptos distintos. Así, la rendición de cuentas debe internalizarse como un valor tanto organizacional como público, de forma que dote de un sentido más amplio a la democracia del siglo XXI.