La experiencia subnacional de servicios públicos en Argentina: los casos de distribución de energía eléctrica y agua y saneamiento
Abstract
El programa de privatizaciones implementado en Argentina desde finales de la década de 1980 está asociado -casi con exclusividad- a la experiencia acaecida en el plano nacional. En este contexto, poco se ha indagado sobre la forma en que este proceso privatizador fue reproducido a escala subnacional. El presente artículo pretende contribuir a saldar este vacío. Para ello, se propone analizar las mutaciones acaecidas en el régimen de prestación y regulación en dos de los servicios públicos de mayor trascendencia social y económica: agua y saneamiento y distribución de energía eléctrica. Las transformaciones en el régimen de prestación subnacional han sido de envergadura. Bajo el impulso de las fuertes presiones dirigidas desde la administración central y los organismos multilaterales de crédito, 17 de las 23 jurisdicciones privatizaron al menos uno de estos dos servicios. Esta amplia adhesión se vio reflejada en el predominio de las sociedades anónimas de capital privado, donde la participación de las empresas multinacionales fue preponderante. En todas las jurisdicciones, el proceso de transferencia de los servicios significó la creación de un nuevo esquema institucional. A este efecto, se sancionaron marcos regulatorios y se constituyeron entes reguladores autónomos, que -por limitaciones de forma y fondo- desde un principio vieron socavados sus ámbitos de intervención. De este modo, salvo una innegable capacidad regulatoria en términos de la calidad del servicio, se limitaron a definir cuestiones reglamentarias básicas, perdiendo todo tipo de atribuciones regulatorias. Las modificaciones macroeconómicas asociadas a la devaluación de la moneda en 2002 implicaron una reversión parcial del proceso de privatizaciones. En consecuencia, en el sector de distribución eléctrica el capital extranjero fue, en mayor medida, reemplazado por fracciones locales. Por el contrario, en el sector de agua y saneamiento, la salida de las empresas transnacionales derivó mayoritariamente en la restatización de los servicios. Estas transformaciones, particularmente el retorno a la prestación pública, no conllevaron una reformulación sustancial del esquema regulatorio vigente. En este sentido, el diseño institucional nacido al amparo de los procesos de reforma de los años noventa, en la post-convertibilidad, ya no está exclusivamente orientado a regular empresas de prestación privada de servicios públicos, sino que incluye dentro de su campo de acción a la prestación pública. Sin embargo, pese a este cambio radical, los entes mantienen prácticamente las mismas funciones, sin la necesaria adaptación al nuevo contexto de operación pública de los servicios. La experiencia privatizadora no ha logrado alcanzar las metas anunciadas en el programa neoliberal de reformas.