Globalización, Estado social y garantía de los derechos económicos y sociales

Abstract

En la actualidad, el modelo económico y social de la economía industrial atraviesa profundas transformaciones por el surgimiento de una nueva economía: la economía del conocimiento y de la información, que cada vez asume mayor importancia en los países desarrollados. El desarrollo tecnológico, las telecomunicaciones y las grandes infraestructuras de transportes, energía y comunicaciones, van facilitando la progresiva unificación de mercados nacionales en mercados de ámbito progresivamente continental.

Si reflexionamos sobre el momento histórico que vivimos, que bien puede identificarse con una movimiento integracionista, que desde la esfera geográfica que se mire puede ser total o parcial, concluiremos que cada vez más nos alejamos de un mundo en el que las economías nacionales, que se encontraban relativamente aisladas unas de otras mediante barreras espaciales, temporales y lingüísticas, y también por las diferencias nacionales en torno a la regulación gubernamental, la cultura y los sistemas rectores de los negocios, se acercan disminuyendo o desapareciendo barreras que van desde lo político, pasando por lo económico, pero que como mínimo se refieren al libre mercado.

Sin embargo, los procesos de apertura y liberalización económica desde comienzos de los años noventas, la privatización de entidades del estado y desregulación del mercado, han hecho del Estado un ente mediador y arbitro en las relaciones empresa-consumidor dejando los problemas sociales como desempleo, pobreza, exclusión, analfabetismo, marginalización de oportunidades para el acceso a la vivienda, salud, educación, y justicia, si bien han tenido momentos de disminución, podría más bien afirmarse que se han acentuado.

De modo que las necesidades sociales y la inequidad, sin importar la variación del modelo de estado interventor al modelo de estado con economía de libre mercado, siguen siendo las mismas, y con ello, la obligación estatal de garantizar la efectividad de los derechos sociales y económicos, pero despojado de su poder omnipresente, interventor y regulador, esto es, sin la discrecionalidad acostumbrada que arraigo la costumbre de que el Estado todo lo podía, aún a costa de la quiebra de las finanzas públicas.

Así las cosas, la garantía de los derechos sociales y económicos en el libre mercado, no encuadra en la tradicional forma de ver el Estado como aquel "obligado" en producir entidades económicas que ocupen un lugar en la oferta de servicios por debajo del mercado, o la monopolización de los mismos. Por lamentable que parezca para un país en desarrollo, el Estado no es lo que solía ser y muy difícilmente lo será, como quiera que sus obligaciones comerciales con otros estados y con los organismos internacionales que le confieren los préstamos y calificaciones fiscales y de inversión, son camisas de fuerza que le impiden ocupar los sectores económicos privatizados. Pero la garantía de los derechos sociales y económicos no ha desaparecido.